Antes de entrar en detalles
Me pide Cinco Días que escriba hoy sobre la polémica acerca de la reforma de la financiación autonómica. Quisiera centrarme en seis aspectos generales del problema, sobre los que se debería llegar a un acuerdo antes de entrar en detalles.
Balances Fiscales: Un instrumento peligroso para el debate público (pues estimula el victimismo, algo que ya hay en exceso en la vida pública española), aunque puede ser una referencia útil en la discusión técnica. Hay problemas de medición, porque no siempre está claro dónde reside quién finalmente soporta el impuesto. Pero aunque estuvieran bien medidos, su interpretación no es única. El saldo fiscal estimado por la Fundación BBVA (en relación con el PIB) para las 15 Comunidades no forales tiene una correlación de -0,97 con la renta per cápita regional en 2003. Un sistema sin sesgos regionales con impuestos progresivos y un importante componente de gasto social generaría una correlación tan alta como ésa. Yo no digo que éste sea el caso, pero sí que esa interpretación sería posible y entonces las diferencias en saldos fiscales serían solamente el reflejo de la progresividad presupuestaria. Cuánto de esto hay en las diferencias estimadas y cuánto de otros sesgos que deberían ser corregidos es algo a dilucidar.
Solidaridad: La defensa de mecanismos de solidaridad interterritorial (con la que también se hace demagogia) debe ir más allá de postular que las comunidades con menor renta per cápita reciban más fondos. En primer lugar, todas las regiones deben tener cubiertas de forma similar sus necesidades de capital público. Puede que las diferencias hoy sean pequeñas. En un estudio del que fui coautor hace casi 20 años había diferencias, pero no se correspondían con las diferencias en renta per cápita (la Comunidad Valenciana era una de las peor dotadas pese a ser una de las relativamente ricas).
En segundo lugar, todas las comunidades deben tener una capacidad similar para financiar servicios públicos básicos (educación y sanidad, sobre todo) y se deben arbitrar procedimientos explícitos y especializados para garantizarlo. Pero se debe abandonar la idea de que el gasto público distinto a la inversión en infraestructuras, educación y sanidad sea un instrumento para reducir diferencias en renta per cápita. Porque no es así. Garantizada una dotación similar de capital público y una capacidad similar de financiar servicios fundamentales, las diferencias en renta per cápita no deberían orientar más compensación adicional. Por otra parte, hay que facilitar una similar financiación de la educación, pero hay que recordar que la correlación entre nivel de gasto y calidad de ecuación es bastante débil.
Suficiencia: Como consecuencia de cómo se realizó el traspaso de competencias, parecen haber insuficiencias en la financiación de algunos servicios y parece que estas insuficiencias no son las mismas en todas las comunidades autónomas. Es necesario resolver este problema de forma definitiva. La sospecha de que el grado de clientelismo político que se realiza desde los Gobiernos regionales puede tener correlación con la holgura en la capacidad financiera planeará sobre esta discusión y dificultará un acuerdo político.
Corresponsabilidad fiscal: Tiene que haber una mayor correspondencia entre la creciente autonomía de los Gobiernos regionales para gestionar sus presupuestos y políticas y la responsabilidad fiscal de los mismos (acabar con 'las políticas son nuestras y los impuestos son cosa de Madrid'). La solución al problema de la insuficiencia financiera tiene que instrumentarse con una genuina cesión de cierta autonomía fiscal. Eso no parece posible sin una cierta descentralización de la gestión tributaria.
Coordinación fiscal y presupuestaria: La descentralización de la gestión tributaria y la coordinación de políticas de gasto que combinan diferentes ámbitos competenciales necesitan un grado de coordinación mucho mayor del exhibido hasta ahora. Puede ser necesario potenciar órganos de coordinación, pero, sobre todo, hay que mejorar la voluntad política de hacerlo, con independencia del color político de los Gobiernos. Preservar el respeto institucional de excesos partidistas es algo muy necesario aquí, como lo es en otras instancias de la vida pública española.
Caja única de las pensiones: Un sistema de reparto parece encerrar dificultades para ser descentralizado. Y más en un contexto histórico de profundos cambios en la estructura de edades de la población. Por otra parte, a pesar de los comentarios de presidente del Gobierno ('predicciones de economistas', dice), el sistema público de pensiones va a tener problemas de solvencia a medio plazo. La mayor necesidad que entonces habrá de financiar las pensiones con cargo al Presupuesto del Estado debería ser tenida en cuenta ahora al consolidar el modelo de financiación del conjunto de las Administraciones Públicas.
Catedrático de Análisis Económico de la Universidad Complutense