Trincar la pasta: 'That's the question'
En el actual debate sobre la financiación autonómica por lo que se está peleando de verdad es por el poder, según el autor. En su opinión, la Constitución y los estatutos precisan de una puesta a punto, pero para poner unos cimientos más fuertes a la democracia española
Estamos inmersos en una dinámica de reforma constitucional y estatutaria, que no ha hecho sino dar sus primeros pasos. Un observador imparcial, al ver el rifirrafe diario, pensaría: ¿es que en España no hay otro problema distinto del territorial? ¿Es que en la Constitución sólo hay que cambiar los referente a competencias estatutarias? ¿Todo lo demás es perfecto? Si ese observador analizara ahora los debates que sobre la reforma de sus estatutos se están celebrando en las diversas autonomías, su perplejidad se acentuaría. ¿Es que el único problema de las mismas son las competencias, la financiación y la denominación nacional?
Soy de los que piensan que la Constitución española precisa de importantes cambios, sobre todo en lo referente a calidad democrática. Nuestra democracia está secuestrada por unos partidos políticos a los que la Constitución y las leyes han entregado todo el poder, sin limitación ni contrapeso alguno. Son los partidos quienes mediante el perverso sistema de las listas bloqueadas y cerradas imponen el nombre de los diputados, a los que exigen obediencia y sumisión ciegas, y a los que controlan mediante el grupo parlamentario, auténtico comisario político que cercena la libertad del diputado.
Esas mismas señorías, teledirigidas por el partido que los impuso, son quiénes determinan los componentes del Poder Judicial y del Constitucional. En España no existe separación de poderes. Es falso que entre nosotros habiten tres poderes independientes, el ejecutivo, el judicial y el legislativo. Existe un único poder, que controla y determina a los demás. ¿Qué cuál? Pues el de los partidos políticos.
Pero de esto nadie habla. Todos los partidos guardan un reverencial silencio frente a reformas que pudieran limitar su omnipotencia en el sistema, limitándose a llevar el debate al campo que les interesa.
La Constitución y los estatutos precisan de una puesta a punto, por lo que soy partidario de su reforma. Pero ahora bien, de su reforma real, poniendo cimientos más fuertes a nuestra democracia. ¿Se prestarán los partidos a reducir su poder? Supongo que no, por lo que el debate seguirá siendo parcial e interesado.
¿Qué nos queda entonces? Pues el debate territorial, manteniendo viva una tensión milenaria que no cesará, se haga lo que se haga. Llevamos mucho tiempo viviendo en esa convivencia hermosa pero inestable que es España como para pensar que encontraremos una fórmula mágica que contente a todos. Y menos en cuestión de pasta.
El modelo de financiación actual es asimétrico. Dos autonomías, País Vasco y Navarra, gozan de unos privilegios forales, mientras que el resto están bajo el mismo modelo. Melilla, Ceuta y Canarias disfrutan, asimismo, de ventajas fiscales menores. Tanto vascos como navarros recaudan sus propios impuestos, y después entregan una parte al Estado, para contribuir a los gastos generales. En el resto de las autonomías, Hacienda recauda los impuestos que pagan los ciudadanos - que no los territorios- y los redistribuye según diversos criterios, muchos de ellos acordados entre el Estado y las autonomías.
Por eso, no es cierto que tanto el catalán rico como el pobre esté ayudando al andaluz rico, como se ha llegado a oír. En verdad, el andaluz rico ayuda al andaluz y al catalán pobre, al igual que lo hace el catalán rico. No. El sistema fiscal actual no es insolidario, con la salvedad de los Fueros, intocables por cuestiones históricas pero que exacerban de continuo el agravio comparativo.
En el debate actual no se discute sobre financiación. Se pelea por el poder. Un viejo presidente de una histórica caja de ahorros andaluza hoy extinta, siempre decía que el secreto del éxito del poder y el éxito de los banqueros radicaba en 'trincar la pasta de golpe, y soltarla después poquito a poquito'. Pues eso mismo se pretende ahora. En trincar la pasta primero, y en después ver qué se hace con ella. ¿Democracia, solidaridad, derechos ciudadanos? ¿Qué les importa? La pasta es la pasta, repiten.
Es hipócrita la balanza fiscal por territorios. Madrid, por ejemplo, ha centralizado la sede social de casi todas las grandes empresas, que operan en todo el país pero que pagan sus impuestos allí. Por eso hablemos de personas, y no de territorios. ¿O es qué hasta los mismos socialistas renuncian a los principios de solidaridad?