Hacia la fidelización del contribuyente, ¿una utopía?
A poco que reflexionemos, nos damos cuenta que el esfuerzo que hace la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para atajar el fraude no es tan efectivo como parece. El sistema actual es, eso sí, tan inteligente como eficaz. El control que hoy se hace se apoya, fundamentalmente, en los datos que le proporcionamos. No existe, prácticamente, ninguna investigación relevante sobre lo que no está en los ordenadores de la AEAT.
Si nos centramos en el IRPF, el sistema de retenciones está diseñado para que un número importante de contribuyentes, básicamente los perceptores de rentas del trabajo, soliciten su devolución. ¿Presentarían éstos su declaración si ésta resultara a pagar?
Mis dudas no acaban aquí. Estoy convencido de que, salvo excepciones, hoy se cumple por obligación y no por convicción. Se cumple por temor. Creo, también, que el grado de cumplimiento es hoy generalizado, que se conoce dónde está el fraude cuantitativamente importante y qué normas están ocasionando la actual situación de conflictividad. Y ante tal situación, la pregunta es obvia: ¿podría la AEAT y/o el Gobierno hacer algo al respecto?
Aunque parezca utópico, la solución a gran parte de los problemas actuales es conseguir una relación de confianza. Es necesario fidelizar y convencer al ciudadano. Es imprescindible que éste perciba que la Administración es un aliado y no un enemigo. ¿Cómo hacerlo? Si se quiere realmente hacer una política preventiva, quizás habría que pensar precisamente en actuaciones de este tipo. Excepción hecha de que se descubran ingresos no declarados, ¿por qué no dar a todos una primera y única oportunidad? ¿Por qué no es posible que la Administración se limite en su primera visita a comprobar sin sancionar, esto es, a verificar si se emiten correctamente las facturas, si se aplica el tipo de IVA adecuado, si se llevan o no correctamente los libros-registros, si son o no deducibles todos los gastos, etcétera? Sigamos. La mayor parte de los conflictos actuales obedecen a la disparidad de criterios entre las partes. Pues bien, ¿por qué no es posible que antes de iniciarse actuaciones de comprobación, respecto a cuestiones en las que la AEAT sabe o intuye que hay o puede haber disparidad de criterios, se dé a conocer públicamente su criterio y/o que se comente con las entidades sociales y/o profesionales representativas?
Sigamos. ¿Qué problema hay, como ya ocurre en otros países, para que, comunicado el inicio de actuaciones de comprobación, se dé al contribuyente un plazo para regularizar voluntariamente su situación, si así considera que ha de hacerlo, con los debidos recargos? Más. ¿Qué problema hay para que el Estado asuma automáticamente los costes de su defectuosa política legislativa? ¿Y para que el funcionario, como el asesor o quien corresponda, responda de sus errores?
Sin duda, hay quien pensará que con estas medidas nadie va a cumplir. Estoy convencido, sin embargo, de que con los medios adecuados no va a ser así.
Pero una cosa es cierta: el esfuerzo de la Administración va a ser muy importante. Su cambio de mentalidad, también. Pero la percepción que la sociedad va a tener de la misma, va sin duda a cambiar. Quizás ha llegado el momento de confiar en el contribuyente, de hacerse con su confianza y de cumplir con su función 'asesora' y 'preventiva'. Y ello, a pesar de que, como moneda de cambio, se tenga que revisar el actual sistema sancionador. Sus resultados superarían con creces la situación actual. Tal vez falta un poco más de psicología tributaria y sobre un poco de acción punitiva e inquisitiva.