Bruselas exigirá mañana a España la devolución de 134 millones por ayudas al lino
La Comisión Europea reclamará mañana a España, salvo sorpresas de última hora, que devuelva 134 millones de euros por irregularidades en la gestión de las ayudas comunitarias concedidas a la producción del lino, informaron fuentes comunitarias.
Bruselas tiene previsto exigir, por un lado, que reembolse 113,4 millones, importe equivalente a las ayudas pagadas en 1999 y 2000, además de otra partida, de 21 millones de euros, correspondiente a fondos otorgados entre 1996 y 2000 al sector del lino y el cáñamo, según las fuentes. Añadieron que el Ejecutivo comunitario hará esta reclamación mediante una decisión escrita, aunque el plazo para su tramitación termina mañana, por lo que "hasta el último momento no se puede confirmar totalmente que no habrá objeciones que impidan su aprobación".
La sanción a España forma parte de una "liquidación de cuentas" general, en la que la Comisión exigirá también a otros países de la UE que devuelvan fondos agrícolas por haber detectado irregularidades en su gasto o en la gestión. El Ejecutivo comunitario aprueba tres o cuatro veces al año este tipo de liquidaciones, con las que pretende garantizar que se utilizan adecuadamente las dotaciones otorgadas en virtud de la Política Agrícola Común (PAC).
Con la decisión de mañana, la Comisión requiere que se haga efectiva la devolución de subvenciones percibidas para el citado cultivo en España, por el cobro fraudulento descubierto en 1999. España anunció en septiembre que recurrirá ante el Tribunal de Justicia de la UE la decisión de Bruselas.
Historia de un escándalo
El cobro de subvenciones al lino por los llamados "cazaprimas" provocó un escándalo que alcanzó un gran impacto político en 1999, año en el que hubo varias dimisiones en el Ministerio de Agricultura y se creó una Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados.
En el año 2000, el Consejo de Ministros de la UE decidió reformar la Organización Común de Mercado (OCM) de este sector, con una reducción de ciertos apoyos para evitar la recepción irregular de subvenciones, normativa que fue prorrogada. La Oficina Europea para la Lucha contra el Fraude (OLAF) confirma en 2001 la existencia de irregularidades en el sector del lino español; ese año la Audiencia Nacional inició también otro procedimiento judicial.
En 2002, la Dirección de Agricultura de la CE solicitó la recuperación del total de los fondos desembolsados a todos los cultivadores de lino en España entre 1998 y 2000, cifrados en 116,4 millones de euros, y en 2004 confirmó dicha petición. En 2003, esta Dirección general reclamó también a España, como consecuencia de una "corrección" financiera, 21,4 millones de euros por el supuesto fraude cometido en el cultivo de lino y cáñamo en varias comunidades autónomas antes del año 2000.