Transparencia

Economía trabaja en la hoja de ruta del buen gobierno

El Ministerio de Economía se ha puesto manos a la obra. Quiere tener terminados los deberes antes del verano para elaborar antes de que acabe el año un 'nuevo cuerpo de recomendaciones de buen gobierno'. No habrá, al menos de momento, una comisión de expertos parecida a la que, presidida por Enrique Aldama, redactó el informe que sirvió de base a la Ley de Transparencia. En esta ocasión, el Gobierno quiere contar tanto con la opinión de expertos en la materia como del resto de los agentes implicados, desde los consejeros de las empresas a asociaciones de accionistas, sindicatos, ONG y organizaciones empresariales. Y aunque desde Economía se asegura que aún no hay un calendario concreto de reuniones, éstas son inminentes y, de hecho, algunas de ellas ya han llegado a celebrarse. La intención es llegar a un consenso para elaborar un nuevo código que pueda aplicarse a partir del próximo año y que tendrá, según fuentes de la Secretaría de Estado de Economía, dos líneas maestras: la transparencia y la independencia de los consejeros.

Hace menos de un mes el secretario de Estado de Economía, David Vegara, anunció la intención del departamento de abrir un debate público para analizar el estado del buen gobierno en España. La semana pasada el vicepresidente segundo y ministro de Economía reiteró esta misma intención ante un nutrido grupo de consejeros y empresarios reunidos en la cena anual del Instituto de Consejeros-Administradores.

Durante esta reunión, Pedro Solbes insistió en la importancia de repensar el buen gobierno, 'que muestra notables carencias', ahora que no existen situaciones de crisis empresariales que, como hace unos años, empujaron a la toma de decisiones de una forma urgente. Ha llegado el momento de reflexionar.

Los trabajos para el nuevo código tienen dos líneas maestras: la transparencia y el concepto de consejero independiente

Y el Gobierno quiere contar con la opinión de todos los actores implicados para lograr la 'definitiva elaboración de un cuerpo de recomendaciones de buen gobierno en línea con las mejores prácticas internacionales', según explicó Solbes.

De hecho, Economía ya se ha puesto en contacto con algunas asociaciones de accionistas minoritarios, que aseguran que tienen mucho que decir respecto a las necesidades de reforma del buen gobierno y respecto de los que Pedro Solbes realizó una encendida defensa cuando ante unos 200 empresarios y consejeros afirmó que 'en la gobernanza empresarial subsisten comportamientos cuestionables que demuestran escaso respeto por el accionista minoritario'.

Otro de los colectivos que ya se ha puesto a disposición de Economía y que ha enviado sus propuestas concretas es el de los consejeros representados por el Instituto de Consejeros-Administradores. Esta asociación, que agrupa a más de 200 consejeros a título individual, señala que ha acogido con satisfacción la iniciativa de Economía para contar con la participación de los agentes implicados.

De hecho, los consejeros ya lanzaron el pasado año una propuesta de código de buen gobierno que enviaron a la Administración y a las compañías cotizadas. Los principios propuestos por este colectivo recogen tanto los contenidos del Código Olivencia y el Informe Aldama como de otras propuestas recomendaciones y consultas de la OCDE y la UE.

También la Fundación de Estudios Financieros ha tomado la iniciativa y ya hace algunos meses envió a la CNMV una propuesta de texto que refunde las propuestas de Aldama, las del Instituto de Consejeros, el Código de Olivencia y las recomendaciones de la UE y la OCDE.

Lo cierto es que hay unanimidad en la necesidad de elaborar un código de buen gobierno. Economía ya ha avanzado que la CNMV está trabajando en ello ya que, en opinión de Solbes, 'los códigos existentes Olivencia y Aldama no son exactamente compatibles'. Para el ministro de Economía, la duda que se pretende ir despejando a través de las conversaciones con los agentes implicados es si al tiempo deben existir algunas normas con carácter legal vinculante o si debe ser sólo un código de conducta. 'Mi percepción personal es que todo lo que pueda no ser incluido en una ley es mejor. Pero eso no excluye que algunos elementos tengan que ser recogidos en una norma. æpermil;ste es el debate sobre el que se tiene que trabajar', señaló el ministro de Economía. El resultado de las conversaciones se conocerá después del verano.

Eliminar la dispersión normativa

Uno de los objetivos del Ministerio de Economía es aprovechar la revisión de las normas de buen gobierno para elaborar un único cuerpo de buenas prácticas. La idea es eliminar la dispersión que existe en la actualidad 'y evitar ir sacando cosas diseminadas'. De la misma forma que el Gobierno eliminó el 'cajón de sastre' en el que se había convertido la Ley de Acompañamiento, ahora se pretenden evitar otras aberraciones legislativas consistentes en aprovechar la tramitación de cualquier ley para regular algo diferente.

Es lo que ha ocurrido con la ley de supervisión de conglomerados financieros, en la que se incorporó una enmienda para limitar la responsabilidad de consejeros y auditores. Finalmente, ésta se eliminó porque se consideró que técnicamente no era el lugar indicado para su regulación. 'Queremos que todo vaya junto', señalan en Economía.