Televisión y autonomías

España desmanteló en los ochenta el entramado de Medios de Comunicación del Estado impuesto por el franquismo. Veinte años más tarde, un fenómeno en parte similar se ha reproducido por vía audiovisual en forma de televisiones autonómicas, surgidas en democracia pero, en general, ocultas tras opacos regímenes de gestión y financiación. Casi todas las autonomías cuentan ya con una televisión pública que replica lo peor del modelo de RTVE: financiación con publicidad, pero endeudamiento absorbido por el erario público. La anomalía ha acabado llamando la atención de las autoridades de Competencia de la UE, que de manera tímida intentan desde hace cinco años poner orden en el sector. La semana pasada, la Comisión anunciaba el compromiso del Gobierno español para ajustar este año la financiación de RTVE a las normas comunitarias. Bruselas debe exigir ahora que las autonomías también definan el servicio que van a prestar sus televisiones y su coste real. La financiación pública de esa prestación es un servicio al contribuyente. El despilfarro es una afrenta al rigor presupuestario y una distorsión inaceptable de la competencia.