Los Veinticinco fijan un sistema común de peajes para camiones en las carreteras de la UE
Los ministros de Transporte de los Veinticinco lograron hoy un acuerdo político, pendiente de negociación con la Eurocámara, sobre un sistema común de peajes en las carreteras de la Unión Europea para camiones de más de 3,5 toneladas, que deja total libertad a los Estados miembros para introducir tasas en las carreteras que deseen, pero establece una metodología de cálculo compartida basada en los costes de construcción y mantenimiento.
La nueva directiva sobre peajes había enfrentado durante más de 20 meses a los Estados miembros periféricos (España, Portugal, Grecia o Italia), que temían un encarecimiento de los costes de importación y exportación de sus mercancías, con los países de tránsito (Alemania, Austria y Francia), que buscaban limitar los problemas de congestión y medioambientales con nuevas tasas. Los Veinticinco intentaron un acuerdo hasta en tres ocasiones durante 2004 y las tres se saldaron en fracasos.
El compromiso final se logró por amplia mayoría después de que la presidencia aceptase, a petición de Italia y España, aumentar la tasa de descuento en los peajes a los usuarios frecuentes de las infraestructuras del 12 al 13%. Sólo votaron en contra del acuerdo Portugal, Malta, Finlandia y Estonia, que argumentaron que la normativa tendrá como efecto un aumento del coste del trasporte por carretera y penalizará la competitividad de las exportaciones de los países periféricos. También se opuso Bélgica por razones de política interna.
Por parte de España, el secretario general de Transportes, Fernando Palao, se expresó a favor del compromiso porque se habían aceptado reivindicaciones españolas como los descuentos para usuarios frecuentes o la exclusión de los costes externos, como los medioambientales, en el cálculo de los peajes. No obstante, reconoció que España había realizado "concesiones importantísimas", especialmente al aceptar recargos en las zonas montañosas.
Libertad total para los peajes
La norma deja total libertad a los países para decidir si quieren implantar peajes en la red transeuropea de carreteras, únicamente en parte de ella o en ningún sitio. Asimismo, reconoce el derecho a aplicarlos en rutas no incluídas en la red transeuropea o para cualquier otro tipo de vehículo de motor, una posibilidad que hasta ahora no estaba recogida de forma tan explícita en la legislación comunitaria y que había exigido Reino Unido, que quiere introducir tasas en todas sus carreteras.
La nueva legislación no afectará a las concesiones ya existentes como las que hay en España y Francia (infraestructuras construídas por la iniciativa privada y que se financian con la explotación de los peajes), mientras dichos sistemas sigan en vigor y no sufran ninguna modificación sustancial. Por lo que se refiere a las nuevas concesiones, el nivel de los peajes deberá ser igual o inferior al que resultaría de la metodología común.