Luz verde al traslado de los papeles del Archivo
El Consejo de Ministros aprobará hoy el proyecto de ley por el que se dará traslado de los documentos incautados a la Generalitat de Cataluña y que están en el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, según afirmó ayer la ministra de Cultura, Carmen Calvo.
Los documentos que reclama Cataluña, según matizó la ministra de Cultura, 'no tienen nada que ver con Salamanca, ni con Castilla y León, ni con la Guerra Civil, son los documentos de debate de la Generalitat y algunos documentos privados, entre los cuales hay cartas de amor de alguien que le dice a su mujer 'soy comunista y cuando vuelva me casaré contigo' y que sirvió para que le fusilaran, y ahora sus familiares los reclaman.
Este traslado 'no es un polémica, sino una justicia que hay que hacer con algunos ciudadanos de este país', añadió.
Tanto la Junta de Castilla y León como el Ayuntamiento de Salamanca reclamaron ayer al Gobierno que conceda a sendas instituciones 'audiencia' antes de aprobar hoy el anteproyecto de ley. El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Rodríguez, comunicó ayer que se había enviada al Gobierno una carta firmada por la consejera de Cultura de la Junta de Castilla y León, Silvia Clemente y el alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote.
En el otro extremo, los partidos políticos catalanes celebraron ayer, aunque con dispar entusiasmo, el anuncio de la ministra. La diputada del PSC en el Parlament Lídia Santos aplaudió la medida del Gobierno, que calificó de 'primer paso importante' en la restitución de los 'papeles de Salamanca' a sus propietarios originales.
El portavoz del PP catalán en el Parlamento, Francesc Vendrell, valoró como 'lógico y razonable' que los papeles 'estén en su lugar de origen', lo que a su juicio 'no impide el mantenimiento de la unidad del Archivo' de Salamanca, gracias a las nuevas tecnologías. Tanto CiU como ERC e ICV-EUiA han avisado de que en la tramitación del proyecto en las Cortes intentarán introducir enmiendas para permitir que no sólo se devuelvan los documentos expoliados por el franquismo a la Generalitat, sino también los papeles de individuos y asociaciones privadas.