El boom suma y sigue

El anuncio de crear un Ministerio de Vivienda suscitó no pocas inquietudes. Doce meses después, los grandes proyectos aún no han cristalizado y los precios han crecido por encima del 10% por sexto año consecutivo

Poner coto al excesivo encarecimiento de la vivienda, inmersa desde 1999 en un boom de precios y oferta, era uno de los objetivos que el PSOE incluyó en su programa electoral de las pasadas elecciones generales. Pero, lo cierto es que el anuncio por parte de José Luis Rodríguez Zapatero de crear un ministerio para esta materia sorprendió a propios y extraños.

También rompió todos los pronósticos al nombrar a María Antonia Trujillo titular de la nueva cartera, ya que era una auténtica desconocida en los corrillos políticos de Madrid. Rápidamente se dieron a conocer sus logros al frente de la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura. Es más, la propia Trujillo anunció el día de su toma de posesión que aplicaría buena parte del modelo extremeño al conjunto del país.

Así, entre sus prioridades se comprometió a elaborar un nuevo plan cuatrienal de vivienda, en el que el número de actuaciones llegaría a las 180.000 anuales. Garantizó la puesta en marcha de un conjunto de medidas para fomentar el arrendamiento frente a la compra de casa para reactivar un mercado que apenas supone el 10% del total. Dentro de éstas anunció la creación de una agencia pública de alquiler que actuaría como intermediador entre caseros e inquilinos. El Consejo de Ministros acaba de aprobar una iniciativa para que se constituya esta nueva sociedad, que, no obstante, no estará plenamente operativa hasta el otoño.

Otros proyectos pendientes son la reforma de la actual ley estatal de suelo, así como la suscripción de un gran pacto de Estado en esta materia. Trujillo también ha anunciado que reformará la ley de valoraciones de suelo y que culminará el nuevo código técnico de la edificación.

Un año después, la mayoría de estos proyectos se encuentra todavía en situación de estudio o diseño.

Plan de Vivienda. El anuncio realizado por Trujillo de facilitar el acceso de las familias a unas 180.000 viviendas al año fue objeto de dura polémica, rectificaciones y nuevas interpretaciones, ya que el sector entendió que las 180.000 serían de nueva construcción, a lo que Trujillo tuvo que matizar en el Congreso que la mitad serían nuevas y la otra mitad ya existentes. Fue el día en el que apeló a las famosas 'soluciones habitacionales', que han servido de duras críticas a su gestión por parte de la oposición.

En este sentido, el pasado día 11 y con motivo de la inauguración del salón Construmat, la ministra anunció que su Departamento estudia modificar la ley para introducir un nuevo modelo de Vivienda Protegida (VPO) de 25 o 30 metros cuadrados. Con esta nueva tipología de casas se pretende dar respuesta a la demanda de jóvenes y familias unipersonales, cada vez más numerosas. El Gobierno está convencido de que además estos pisos podrían incentivar la movilidad laboral y geográfica.

Hasta la aprobación de ese nuevo plan de vivienda, el Ministerio ha puesto en marcha el Plan de Choque, en vigor desde julio pasado, y acaba de facilitar los últimos datos de ejecución del Programa de Vivienda de 2004, que supera el 85%, al haber concedido financiación para un total de 154.165 actuaciones desde marzo del año pasado.

Pacto del Suelo. El 7 de abril se celebró la primera reunión entre el director general de Suelo del ministerio y los de las 17 comunidades autónomas donde el Ejecutivo presentó un documento base que fue rechazado por las regiones del PP por falta de concreción.

Aunque todos coincidieron en que se debe avanzar en un acortamiento de los plazos y una revisión del uso de los patrimonios públicos de suelo, no será fácil consensuar las políticas que deben ponerse en marcha para lograrlo.

En este sentido, cabe destacar el acuerdo alcanzado en enero pasado para reactivar la Operación Campamento, que supone la cesión de terrenos públicos para la construcción de 10.700 viviendas, 7.000 de ellas protegidas. Desde el ministerio se insiste en que, una vez sea suscrito ese pacto de Estado, al que se ha invitado a participar a los ayuntamientos, se sentarán las bases de la nueva ley estatal de suelo.

A pesar de que al hablar de urbanismo un año de tiempo no es nada, ya que cualquier reforma que se plantee tardará en tener efectos palpables, buena parte del sector se ha sentido defraudado tras los primeros 12 meses de gestión de Trujillo y mientras en el mercado 2004 ha cerrado con un incremento medio de precios del 17,5%, lo que le convierte en el sexto año consecutivo en el que los encarecimientos superan ampliamente el 10%. Es más, en 13 autonomías los precios crecieron más en 2004 que un año antes. Precisamente en el área de estadísticas es donde Trujillo prepara también un ambicioso plan de reforma, capaz de ofrecer mucha más información y desterrar así la idea de un mercado opaco.

Primera crisis

María Antonia Trujillo tuvo que afrontar en octubre la primera crisis de su gestión con el cese del subsecretario del ministerio, Javier Mauleón, que de facto ejercía de número dos. Aunque fuentes oficiales del ministerio alegaron en su día motivos personales para justificar este relevo, las diferencias de criterio para abordar la política de vivienda fueron determinantes para que Trujillo aceptara finalmente su dimisión después de varios intentos. Mauleón, que ya ostentó cargos de responsabilidad en el Ministerio de Obras Públicas a finales de los ochenta, fue sustituido por Mercedes Elvira del Palacio, hasta entonces directora general de la Función Pública en Administraciones Públicas. También entonces se nombró al arquitecto Javier Eugenio Ramos secretario general de Vivienda.

La Sociedad de Alquiler echa a andar

El Consejo de Ministros del pasado 8 de abril aprobó la puesta en marcha de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), un instrumento con el que el Gobierno pretende dinamizar el mercado de arrendamientos en España, que apenas supone el 10% del total.Esta empresa adoptará la forma jurídica de una sociedad mercantil y dependerá orgánicamente de Sepes, la entidad pública empresarial de suelo. Este año operará con un presupuesto inicial de seis millones de euros, un capital que se ampliará a 20 millones el año próximo.Después del verano está previsto que la SPA opere como un agente intermediador entre propietarios e inquilinos. Así, firmará un contrato de gestión e intermediación con el propietario con quien llegue a un acuerdo y desde ese momento le garantizará por un periodo de cinco años prorrogables el cobro del alquiler que previamente hayan pactado. Además, le garantizará, mediante seguros, la asistencia jurídica en caso de pleito y el arreglo de cualquier desperfecto que se produzca. A su vez, la agencia pública deberá encontrar inquilino para esa vivienda. A estos últimos les cobrará una mensualidad en concepto de fianza y otra por los gastos de gestión e intermediación.