CTC y reforma eléctrica
El particular diseño del mecanismo de liquidación de los costes de transición a la competencia (CTC) en España distorsiona el mecanismo de formación de precios en el pool y genera barreras de entrada en el mercado. Un mecanismo de cobro basado en el precio del pool deprime artificialmente los precios restando atractivo al mercado mayorista.
Los CTC surgen en diciembre de 1997 con la aprobación de la Ley del Sector Eléctrico (Ley 54/1997). El objetivo es compensar a las empresas eléctricas por la pérdida de ingresos como consecuencia de la liberalización del mercado y la incapacidad de recuperar los anteriores costes de sus inversiones. La propuesta reciente del Gobierno de reforma del sector y el aplazamiento de los 4.500 millones de euros aún pendientes de cobro ha reabierto el debate sobre los CTC. Gas Natural e Iberdrola han expresado sus quejas formales en relación a la posible manipulación de precios en el mercado mayorista (pool) ligada al mecanismo de cobro de los CTC por parte de Endesa.
El mecanismo de liquidación de CTC ahora aplazado (vigente desde el año 2001) era un modelo de cobro por diferencias. Cada año y hasta 2010, las compañías eléctricas habrían percibido CTC a través de la tarifa de los consumidores en función de los precios del pool y el coste de generación contemplado en la tarifa eléctrica. Las plantas eléctricas veían aumentados sus ingresos en concepto de CTC si los precios del pool caían.
La ausencia de competencia efectiva y el temor a un incremento de precios es un problema al que Gobierno y reguladores deberán hacer frente tarde o temprano
Mientras que los reguladores han accedido al pago de CTC, frecuentemente han infravalorado la dificultad de diseñar un mecanismo eficiente de cobro que evite distorsiones y manipulaciones. El mecanismo de cobro por diferencias promueve distorsiones y abre la puerta a posibles manipulaciones en el mercado: distorsiona las decisiones racionales de los agentes; distorsiona el mecanismo de formación de precios y su función como señal informativa; promueve barreras de entrada; genera una distribución ineficiente de recursos, y provoca incertidumbre regulatoria.
El mecanismo de liquidación ligado al precio del pool incentiva a deprimir los precios en este (aumentado con ello los pagos por CTC), en detrimento de las empresas que no tienen reconocido el derecho de cobro de CTC. Los pagos por CTC compensan los menores ingresos asociados con una caída de precios. Empresas con cuotas de cobro de CTC por encima de sus cuotas de producción (caso de Endesa) tendrían incentivos a reducir artificialmente los precios del pool maximizando con ello sus beneficios. Ciertas empresas podrían incluso ofrecer sus plantas de generación a precios por debajo de sus costes marginales sin que ello supusiera ninguna reducción en sus cuentas de ingresos.
La manipulación de precios inducida motiva que el precio del pool deje de ser un referente fiable de rentabilidades o del grado de competencia efectiva. Bajo este sistema un menor precio no se traduce en un mayor beneficio para los consumidores, dado que menores precios provocan mayores cobros de CTC que han de ser abonados por los consumidores.
Las empresas existentes podrían utilizar este método de cobro como una potente herramienta para deprimir artificialmente los precios, que retrasaría e incluso evitaría la entrada de eficientes competidores en el mercado. Este efecto es especialmente preocupante en un mercado caracterizado por la ausencia de competencia real efectiva y la necesidad de incrementar las inversiones para responder a la creciente demanda.
Un mecanismo ligado al pool promovería un uso ineficiente de recursos si empresas con altos costes marginales de producción pero con altas cuotas de cobro de CTC logran mayores cuotas de mercado como consecuencia de ofrecer su generación a precios artificialmente bajos.
Hay que destacar la incertidumbre regulatoria generada por el excesivo grado de libertad en la determinación de la cantidad total a liquidar por CTC de que goza el Gobierno. La Ley 54/97 asumió la necesidad de revisiones periódicas de la cuantificación de los CTC en función de variables como tasas de crecimiento de la demanda, tipos de interés, horas de utilización o vida útil de cada instalación. La relación exacta entre estas variables y la poscuantía de CTC, así como la periodicidad de las revisiones, no está claramente definida en la Ley, incrementando la incertidumbre regulatoria.
La propuesta del Gobierno de eliminar el mecanismo de cobro por diferencias, reducir la cifra pendiente de cobro y convertirla en un fijo en la tarifa independiente del precio del pool es atractiva.
El nuevo modelo eliminaría las distorsiones y manipulaciones de precios originadas por el anterior mecanismo, daría a todas las empresas (entrantes y existentes) la oportunidad de competir en idénticas condiciones, eliminaría incertidumbres e incrementaría la transparencia en la fijación de precios. El precio del pool se convertiría en referencia fiable de rentabilidades y competencia real. La eliminación del incentivo a deprimir los precios incrementaría además el atractivo del mercado, atraería nuevas empresas y promovería inversiones necesarias para fomentar una mayor competencia.
La propuesta del Gobierno no está ausente de problemas: sería necesario determinar de manera precisa el nuevo valor de los CTC y el método de recaudarlo (idealmente, a través de un recargo en tarifa); carácter irreversible e inflexible (se podría recaudar más dinero del que necesitan las empresas para cubrir los CTC), y otorga 'derechos' a las eléctricas (independientemente del grado de competencia en el mercado) no reconocidos en la Ley 54/97. El probable incremento del precio del pool asociado a la eliminación del mecanismo por diferencias no constituiría un mayor problema para los consumidores. Un mayor precio del pool se vería en gran medida compensado con la reducción en la cuantía total de CTC a pagar por los consumidores.
No olvidemos que el cobro de CTC se estableció como una medida transitoria vigente hasta el año 2010. La ausencia de competencia efectiva y el temor a un incremento de precios es un problema al que el Gobierno y los reguladores deberán hacer frente tarde o temprano. El sistema actual no hace más que enmascarar el problema subyacente, confundir a los agentes en el mercado y retrasar la toma de decisiones oportunas para resolverlo.