Recta final hacia las elecciones del País Vasco
La foto que muestran los principales partidos vascos sobre la coyuntura económica es variopinta. De hecho, el Partido Socialista de Euskadi (PSE) y el Partido Popular (PP) coinciden en que la bonanza de la que presume el PNV no es real. Indicadores básicos como el de la población, la evolución del PIB y las exportaciones arrojan algunas luces. La población en esta comunidad autónoma significaba el 5,5% del total español en 1981, frente al 4,9% actual. En 1979, la cifra de exportaciones representaba casi el 14% del total español, frente al 8,5% actual. Otro dato que aporta el PP: en 1950, Euskadi representaba el 6,7% del PIB y el 6,2% de la renta familiar bruta. Hace dos años, estos porcentajes se situaban en el 5,8% y el 5,7%, respectivamente.
Con estos antecedentes, los programas económicos de los cuatro principales partidos difieren en las premisas de partida, pero no tanto en sus recetas. De hecho, en ellos se refleja una especie de competición por ofrecer, sobre todo, mayor gasto social para mejorar la calidad de vida.
El PNV, formación que ha sido la más votada en las siete consultas autonómicas celebradas hasta ahora, promete equiparar la renta básica a la evolución del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), insertar en el mercado laboral a la mitad de los beneficiarios de esta renta y complementar esta percepción con ayudas a la compra y alquiler de viviendas. En suma, situar los gastos de protección social por habitante en Euskadi un 50% por encima de la media del Estado.
La candidatura que defiende Patxi López (PSE) no se queda atrás. Garantiza soluciones para los más de 112.000 ciudadanos que se encuentran en situación precaria. Si saliera elegido lendakari, crearía una agencia para la inserción laboral de los colectivos que arrastran mayores dificultades. El PSE se compromete también en su programa a elevar la cuantía de la renta básica de ciudadanía hasta los 513 euros en que se cifra el SMI, con prioridad para los mayores de 65 años.
Los socialistas proponen la creación de una Agencia Vasca de Servicios Sociales con el fin de coordinar soluciones para problemas tan diversos como el paro, la exclusión social, el absentismo laboral, el fracaso escolar, la desintegración familiar o la violencia de género.
La oferta de vivienda es otro de los capítulos donde la pugna electoral es más estrecha. El PP no sólo comparte el criterio del PNV y del PSE de elaborar con carácter urgente una Ley del Suelo para la comunidad autónoma, sino que apuesta por la transformación de la Comisión de Ordenación del Territorio con el fin de blindar las competencias urbanísticas de los ayuntamientos vascos y de los territorios históricos.
30.000 viviendas más
En este contexto, María Sal Gil promete un ambicioso programa de vivienda pública que incluye la promoción de apartamentos tutelados para la tercera edad, la construcción de pisos de alquiler protegido y el aumento de las deducciones fiscales para la compra y alquiler.
Los nacionalistas prometen construir 30.000 viviendas protegidas y movilizar 6.000 pisos vacíos para ponerlos en alquiler. También quieren promover un programa de rehabilitación que afecte, al menos, a 60.000 viviendas.
El partido de Patxi López defiende que la subvención a fondo perdido para las viviendas protegidas y en alquiler pase de los actuales porcentajes del 10 y el 15% al 20%, así como el mantenimiento de las actuales deducciones fiscales. Estas últimas serían iguales para la compra de vivienda que para el alquiler. La vivienda protegida se beneficiaría de un IVA súper reducido del 4%.
De alcanzar el Gobierno vasco, el PSE establecería el precio de la vivienda tasada en 150.000 euros e implicaría a las cajas de ahorro en la creación de parques de alquiler para jóvenes.
La elaboración de una nueva Ley del Suelo ha sido una de las principales asignaturas pendientes del PNV en su última etapa de gobierno. La nueva norma que defiende el PSE simplificaría los procedimientos urbanísticos y contaría con las aportaciones de los ayuntamientos vascos.
PSE y PP apadrinan una nueva reforma fiscal
Los nacionalistas vascos no ponen acento alguno en la necesidad de una reforma fiscal, un criterio que contrasta con el del PSE y el PP. La formación que encabeza el socialista Patxi López se compromete a no aumentar la presión fiscal a lo largo de la legislatura, así como a llenar alguna de las lagunas del sistema vigente. Con un presupuesto superior al billón de las antiguas pesetas, al que hay que sumar los de las diputaciones forales, ayuntamientos y sociedades públicas, la capacidad normativa que el Concierto económico concede a los territorios históricos en la exención de impuestos resulta determinante. De ahí que el PSE apueste por un sistema fiscal que incentive las rentas del trabajo y la tarea de los emprendedores, más que el capital pasivo. Si Patxi López fuera nombrado lendakari, afrontaría una profunda reforma del sistema fiscal vasco, en estrecha coordinación con las tres diputaciones, para hacerlo más progresivo, equitativo y moderno. El PSE considera vital evitar la competencia fiscal entre territorios y armonizar las políticas fiscales para luchar contra el dumping fiscal y las deslocalizaciones. Los socialistas se proponen también reajustar las variables que se utilizan para el cálculo de la capacidad recaudatorio de cada territorio.En el caso del PP, el acento se coloca en la necesidad de reducir los impuestos de forma selectiva. María San Gil establecería una ayuda de 100 euros mensuales para todas las mujeres trabajadoras con hijos menores de tres años, vigente en el resto de España, así como la ampliación a 200 euros a lo largo de la legislatura. El PP vasco apuesta por reducir la tributación de los rendimientos del trabajo y por abordar una reforma estructural del impuesto de sociedades.