TRIBUNA

El oro de los confederados

Las balanzas fiscales entre comunidades autónomas son demasiado subjetivas y no pueden convertirse en un programa político, sostiene la autora, quien analiza la evolución de las negociaciones sobre el modelo autonómico, y en especial lo referido a la financiación

Uno de los objetivos que se había marcado el Gobierno Aznar al comenzar su segunda legislatura, en 2000, era 'cerrar' el modelo autonómico. Ese cierre tenía dos llaves: la financiación autonómica y la Ley de Cooperación, que pretendía estructurar la participación de las comunidades autónomas en el funcionamiento del Estado, sobre todo en relación con la Unión Europea. Y se completaba con una serie de trancas, como la Ley de Estabilidad, que limitaban la autonomía y, en conjunto, creaban un estructura próxima a la descentralización administrativa.

Sorprendentemente, el cerrojazo se consumó sin mayores conflictos. No los hubo en el Partido Popular, donde el único que alguna vez ha contestado este programa ha sido Manuel Fraga desde Galicia. Pero como Fraga hace años que confunde su autonomía personal con la de la comunidad que preside, y además gana siempre las elecciones, su partido ha podido mantenerle en los márgenes de la línea oficial sin mayores perturbaciones internas.

En el PSOE, las cosas fueron un poco más complicadas. El sistema 'definitivo' de financiación se aprobó en julio de 2001 porque los tres barones socialistas en el poder en el sur (Ibarra en Extremadura, Chaves en Andalucía y Bono en Castilla-La Mancha) llegaron a un acuerdo con el Gobierno del PP antes de que Jordi Sevilla, entonces responsable de Economía del PSOE, y hoy ministro de Administraciones Públicas, hubiera concluido las negociaciones que mantenía con ese mismo Gobierno. Con su iniciativa forzaron a las tres comunidades con Gobiernos socialistas casi recién estrenados (Aragón, Asturias y Baleares), cuyos presidentes aún no tenían baronía en el partido, a renunciar a sus aspiraciones (Aragón y Baleares, por ejemplo, reclamaban un espacio fiscal propio), y a la dirección del PSOE, a aceptar un sistema de financiación que no había tenido la posibilidad de negociar.

Para quien está cómodo con una descentralización administrativa, el sistema de financiación sólo tiene la finalidad de garantizar recursos para gestionar las competencias

A este cierre en apariencia tan bien engrasado, en tres años le saltaron todos los goznes. Los políticos, tras el tripartito catalán y el cambio de Gobierno en Madrid, y los materiales: el modelo de financiación era incapaz de resolver la insuficiencia de recursos, que tiene su expresión más evidente en la financiación de la sanidad.

La pregunta que cabe hacerse es ¿por qué los tres barones le jugaron en julio de 2001 tan mala pasada a sus correligionarios socialistas, si ellos, como todos los que seguimos el tema autonómico desde hace años, sabíamos que el modelo era insuficiente? Una explicación podría ser que los tres comparten la sensibilidad jacobina para la que la autonomía tiene un significado muy restringido. Más o menos el mismo que tiene para el Partido Popular. Lo que se jugaban en la negociación del verano de 2001 era conseguir más recursos de forma inmediata. Y lo consiguieron. Para un jacobino, eso es lo sustancial.

Otra explicación podría ser que no querían arriesgarse a quedar fuera del modelo por alinearse con la política de los órganos centrales de dirección del partido, como les había pasado en 1997, y soportar de nuevo una importante pérdida de recursos.

Sea cual sea la buena respuesta, de quien viene la reclamación de incluir el modelo de financiación en la negociación abierta para la reforma del Estado es de los socialistas catalanes, que no participaron de aquel contubernio. Y eso complica mucho las cosas al Gobierno.

Para quienes están cómodos en un modelo cercano a la descentralización administrativa, el sistema de financiación solamente tiene una finalidad: garantizar los recursos suficientes para gestionar las competencias de forma satisfactoria. Pero para quienes tienen en la cabeza un objetivo federal o confederal, el cómo me financio es tan importante como el cuánto obtengo.

Una estructura como el concierto vasco es típica del sistema confederal: el Estado Central recibe de los territorios los fondos para cumplir sus muy menguadas y tasadas funciones. Hasta ahora, el régimen vasco y el navarro se mantenían como peculiaridades. Y lo que no parece de recibo es que se pretenda generalizarlo utilizando como argumento el desequilibrio de las balanzas fiscales.

Las balanzas fiscales son un instrumento estadístico con un interés analítico bastante limitado. Es muy difícil sostener con un poco de rigor la relevancia de unos datos atribuidos a un territorio que no tiene rasgos macroeconómicos distintivos, es decir, unos instrumentos propios de política económica. Una cosa es hablar de transferencias presupuestarias, como se hace al calcular el saldo, por ejemplo, entre la UE y España, y otra muy distinta establecer flujos de riqueza y de pobreza. En otras palabras, las balanzas fiscales son demasiado subjetivas, en el sentido de que las definiciones de partida condicionan completamente los resultados que se obtienen. Aunque se llegue a un consenso académico-político sobre esas definiciones de partida, las balanzas fiscales no pueden convertirse en un programa político.

Convergència i Unió lo intentó cuando estaba en el Gobierno, y ahora Maragall, desde el PSC, ha asumido esa herencia con extrema naturalidad. Como si los dos partidos estuvieran de acuerdo en que el saldo de la balanza fiscal es el criterio para definir la estructura del Estado, es el oro confederado que proporciona la victoria. La historia nos dice que el mítico tesoro de la Guerra de Secesión solamente sirvió para crear una gran confusión en Escarlata O'Hara, que no terminaba de saber si Red tenía o no el tesoro escondido y, por lo tanto, si era, o no, merecedor de sus favores. Red, en cambio, tenía muy claro lo que quería y su agenda fue la que se impuso, sin que nunca supiéramos si su dinero era federal o confederado.