EDITORIAL

Transparencia consensuada

No hay duda de que quedan aún muchos flecos pendientes en materia de gobierno corporativo. Es algo que reconocen empresas, accionistas, expertos y reguladores. Y algunos de esos flecos tienen mucho que ver con las prisas con las que se acometieron las reformas. Una urgencia derivada de los escándalos financieros que empezaron a brotar a finales de los noventa. Enron, WorldCom, Parmalat o el más cercano Gescartera fueron algunos ejemplos. Pero no los únicos. Era realmente urgente hacer algo. Y se hizo.

La Ley Financiera, y más tarde la Comisión Aldama, creada para 'el fomento de la transparencia y la seguridad en los mercados financieros y las sociedades cotizadas', dieron paso a la Ley de Transparencia de julio de 2003. Pero inmediatamente después de la promulgación de esta norma, se comprobó la existencia de importantes lagunas.

Muchos de quienes deben aplicar las normas critican que la Ley de Transparencia, que se tramitó en seis meses en el Parlamento, resultó un texto de poca calidad jurídica, del que surgen multitud de dudas cuando se aborda su interpretación. Son casos como la explicación y el alcance de los pactos parasociales o la incongruencia de que las sociedades cotizadas deban explicar en sus informes anuales si siguen o no las recomendaciones de buen gobierno, cuando la CNMV aún no ha finalizado el encargo que le encomendó la Ley de refundir las recomendaciones en un único código.

Por eso, se debe aplaudir el anuncio de Economía de abrir un debate público sobre el estado actual del gobierno corporativo con el fin de analizar qué nuevos pasos deben darse. Después de una serie de decisiones legislativas tomadas con cierta precipitación, ha llegado el momento de recapacitar y completar, sin prisa pero sin pausa, una loable iniciativa política cuyo fin es mejorar la transparencia del mercado. Y ha de hacerse, como ha prometido el Gobierno, con el mayor consenso posible. El colectivo empresarial al completo tiene que ser oído.