El Gobierno creará una tasa para los residuos nucleares
Las eléctricas pagarán a partir de hoy el tratamiento de los residuos y el desmantelamiento de sus centrales nucleares, según establece el real decreto de productividad que entró en vigor el 14 de marzo. El cobro se realizará a través de una tasa que el Gobierno incluirá en la próxima ley de presupuestos.
Desde hoy el tratamiento de los residuos nucleares deja de financiarse vía tarifa eléctrica y pasa a ser responsabilidad de las compañías propietarias de las centrales nucleares, que deben detraer de su cuenta de resultados este coste medioambiental. Así lo establece el artículo 25 del real decreto sobre productividad que entró en vigor el 14 de marzo y en el que se incluye la fórmula para calcular lo que le corresponde pagar a cada central.
Aunque, por el momento, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) facturará mensualmente a las empresas una cantidad según su producción, el Gobierno tiene previsto crear una tasa, que se incluirá en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2006. En lo que queda de año, Endesa debe pagar 42 millones de euros; Iberdrola, 38 millones; Unión Fenosa, ocho millones y Cantábrico, dos millones.
Según fuentes del sector, se estudió la posibilidad de incluir esta tasa en el propio decreto, pero la Abogacía del Estado lo desaconsejó, ya que ésta debe crearse a través de una norma con rango de ley. Y se hará en la de Presupuestos, según fuentes del Gobierno.
El sector se queja de que la nueva medida no se haya aplicado de forma gradual
Pese a su entrada en vigor y a que las empresas deben internalizar desde hoy el nuevo coste (la cantidad correspondiente al primer trimestre fue asumida por la tarifa), éstas negocian con el Gobierno, a través de la patronal Unesa, para cerrar flecos importantes de un compromiso que les ha llegado por decreto.
En general, las empresas aceptan el nuevo modelo porque consideran 'coherente el tener que internalizar los costes medioambientales', indican en una compañía, tal como ocurre con los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2). Al fin y al cabo, tal como subrayan en el Ministerio de Industria, 'España es el único país europeo en el que las compañías no pagan ni provisionan el coste del tratamiento de los residuos nucleares'. Por otro lado, el sector lo han recibido como mal menor, ya que la gestión seguirá correspondiendo al Estado, a través de Enresa, que dejará de ser una sociedad anónima para convertirse en una entidad pública empresarial.
Sin embargo, en el sector se quejan de que la nueva medida no se haya aplicado 'de forma gradual, máxime teniendo en cuenta que existen garantías jurídicas', como, precisamente, ha ocurrido con el CO2.
Por el momento, a las empresas les ha tranquilizado saber que el Gobierno les ofrece todas las garantías para que no tengan que asumir el posible déficit histórico en el que haya podido incurrir el fondo para la financiación del Plan General de Residuos Radiactivos que, gestionado por Enresa, arrojaba un saldo de 1.880 millones a 31 de diciembre. Unesa y el Ministerio de Industria están calculando este posible déficit que, de existir, se seguiría financiando vía tarifa, por ser considerado un coste de diversificación y seguridad de abastecimiento.
Y es que no todo el coste de los residuos se imputará a las empresas. Además de los históricos, éstas no serán responsables de los costes de Investigación y Desarrollo o de las compensaciones que reciben los ayuntamientos (el llamado pararrayos radioactivo) de los municipios en los que están ubicadas las instalaciones nucleares.
Así, de los aproximadamente 120 millones de euros anuales del coste total de los residuos, las eléctricas asumirán algo más de 100 millones.
Participar en el fondo
Al tener que asumir el tratamiento de los residuos, las eléctricas han querido participar en el fondo con el que se financian. Pero Industria se ha negado, alegando que es inviable que un contribuyente (pagarán una tasa) gestione lo recaudado.
Las empresas se librarán del déficit pasado
Una de las mayores preocupaciones de las eléctricas tras conocer el pasado enero la intención del Gobierno de imputarles el coste de la gestión de los residuos nucleares, era saber si debían asumir el posible déficit que haya podido arrastrar el fondo para financiar el Plan General de Residuos Radiactivos. Este fondo se ha ido dotando en función de las necesidades previstas hasta 2070 y cada año se ha calculado según la demanda.Teniendo en cuenta que el desmantelamiento de las centrales es una actividad a futuro y que dicho fondo (que se creó años después de la puesta en marcha de las nucleares) pueda estar infradotado, las empresas no quieren asumir 'el coste del combustible quemado en el pasado', señalan en una compañía.Pero, aunque el Gobierno y el propio decreto dan garantías de que así será, 'es necesario calcular ahora si la dotación está bien hecha, para evitar sorpresas, pues se trata de provisiones que se utilizarán en el futuro', señalan las mismas fuentes. Ante la necesidad de que se establezca una metodología sólida, Unesa e Industria trabajan siguen trabajando sobre estos cálculos.