El informe de la OCDE
Los informes anuales de la OCDE siempre aportan análisis y recomendaciones interesantes. En este ejercicio hay novedades y repeticiones como la necesidad de reformas estructurales para recortar el diferencial de inflación, entre ellas, las normas autonómicas de fijación de horarios comerciales que ya mencionó el Tribunal de Defensa de la Competencia en 2003. Otra reiteración es adecuar el aumento de salarios a las mejoras en la productividad, evitando la indexación automática o limitándola a las desviaciones en la inflación subyacente. Con la misma finalidad, considera conveniente dar facilidades para que las empresas puedan separarse de los convenios de sector y señala que 'la creciente dicotomía entre la evolución respectiva de los sectores económicos expuestos y los protegidos, parece difícilmente sostenible en un horizonte temporal más dilatado'. En el mismo sentido dice que la persistencia del diferencial de inflación tiene que ver con el elevado grado de inercia de salarios y precios nominales, debido a la competencia insuficiente en los mercados de productos en varios sectores y el sistema de negociación colectiva en vigor.
Otros temas merecen discusión adicional. Por ejemplo, la propuesta de moderar progresivamente los incentivos fiscales a la compra de vivienda y propiciar la oferta en régimen de alquiler. Por una parte es deseable ampliar las posibilidades de elección en el acceso a la vivienda. Situación deseable no tanto para facilitar la movilidad, que se puede impulsar reduciendo los costes de transacción y fiscales en la compraventa de viviendas y el traspaso de hipotecas, sino para evitar el endeudamiento de personas jóvenes, que inmovilizan su ahorro en momentos en que podrían iniciar negocios por su cuenta posponiendo la compra. Con los tipos de interés actuales, no es insensato endeudarse pensando en el corto y en el largo plazo, primero porque el pago efectivo de la hipoteca está cerca del coste del alquiler y segundo porque mantiene el valor de la inversión si se considera el momento del retiro y la conveniencia de completar el pago de la pensión con otro ingreso, que la vivienda puede proporcionar: alquiler, pensión a una o dos vidas, ingresos por la venta y los intereses que puedan generar esos ingresos. Sobre lo mismo se postula enfriar el proceso de aumento de precios ya que el nivel de endeudamiento de las familias hace que la demanda interna sea vulnerable al aumento de los tipos de interés. También pide eliminar obstáculos a la oferta de suelo edificable.
Las conclusiones del informe alertan del aumento del volumen de los pagos del sistema de pensiones pues a largo plazo, la viabilidad financiera del sistema de pensiones está amenazada. Como soluciones la OCDE insta a considerar la cotización de toda la vida activa, lo que beneficia a quienes entran en el mercado de trabajo con rentas altas y perjudica a los que son promovidos tras iniciarse en empleos de ingresos bajos. Sugiere aumentar reservas y resistir la tentación a reducir las cotizaciones que favorecen el empleo, que contribuye a la estabilidad del sistema más que el fondo de reserva. Elude el ahorro personal y califica de excesivo el apoyo fiscal a los planes de pensiones cuando el país, y el mundo en su conjunto, se están endeudando.
La OCDE pide a España que preste atención al mercado inmobiliario y encare la reforma de las pensiones
Es apropiado que recuerde que el sector público se está financiando con la inflación, incluso podría subrayar que la rentabilidad efectiva real de la compra de deuda pública, esto es el tipo de interés nominal eliminando el IPC y la tributación que le corresponde, es negativa. Se menciona la importancia de la estabilidad fiscal y la conveniencia de reducir el volumen de deuda para que el pago de los intereses que devenga no agrave la situación en el momento en que la presión del pago por pensiones comience a crear dificultades.
Para impulsar el aumento de la productividad al tiempo que crece el empleo la OCDE recomienda aumentar el pago de las matrículas universitarias junto a la posibilidad de dar créditos a estudiantes con restricciones de liquidez, así se valorará más la enseñanza y habrá dedicación de los alumnos. Sólo falta valor político para implantarla. Insta a mejorar la formación profesional señalando incluso la potenciación de su imagen. En este orden de cosas, propone reducir la segmentación en el mercado de trabajo para impulsar el incentivo a la formación continua y el esfuerzo laboral. A este efecto propugna reducir la protección al empleo a los trabajadores con contratos indefinidos y que se sea exigente en los límites a la renovación de contratos temporales.
La posición respecto a la integración del Servicio y el Tribunal de Defensa de la Competencia, al refuerzo de sus funciones y al aumento de medios está en línea con lo que recoge el libro blanco para la reforma del sistema español de defensa de la competencia del 20 de enero de 2005. La similitud de planteamientos hace pensar en que esas propuestas tienen posibilidades de adoptarse.