Dureza ante las deudas
El Congreso de Estados Unidos ha aprobado varias medidas de importante calado que la opinión pública ha recibido con menos interés que el juicio contra Michael Jackson o la salida de la cárcel de Martha Stewart. Con una excepción: la reforma de la ley de suspensión de pagos personales.
El Senado ha aprobado un endurecimiento de esta ley de manera que los individuos que quieran acogerse a la protección contra acreedores (algo que se permite desde 1898) lo tengan cada vez más difícil y caro.
En un país en el que el crédito es vital, buena parte de la población lleva al límite las posibilidades de varias tarjetas, la tasa de ahorro es del 0,2% de los ingresos y 1,6 millones de personas se acogieron a la suspensión de pagos en 2004, la reforma de esta ley está generando preocupación en la calle.
La normativa actual prevé un procedimiento por el que el individuo se deshace de todos sus activos. Es lo que se conoce como el fresh start (empezar de cero), y el 70% de las bancarrotas personales se sustancia por este generoso procedimiento. La reforma dificultará el acogimiento a este tipo de suspensión de pagos y endurece sus condiciones. La mayor parte de los quebrados tendrán que ser tutelados judicialmente y devolver la deuda.
Los que tienen más recursos no tienen que preocuparse, ya que se sigue permitiendo que haya cuentas especiales protegidas que se pueden abrir en algunos Estados en las que se puedan incluir activos blindados ante los tribunales y que normalmente utilizan los que mejor asesoramiento legal pueden pagar.
Según los detractores de la ley, que Bill Clinton vetó y que George Bush quiere aprobar, esta reforma ha sido promocionada desde hace años por los bancos y las entidades de crédito, que han invertido más de 40 millones de dólares en hacer lobby.
Estas entidades dicen que muchos acreedores se han aprovechado de la ley de mala fe e irresponsablemente y eso ha elevado sus costes. Los que están en contra de la reforma señalan, entre otras cosas, que no es la poca disciplina lo que lleva a estas situaciones, sino los costes médicos, que son la razón por la que casi el 80% de las familias llega a la quiebra.