Pensiones y acuerdo social
El Gobierno no ha incluido la reforma del sistema de pensiones públicas contributivas dentro del primer paquete de medidas urgentes aprobadas en el Plan de Dinamización de la economía española. Dicha reforma se incluye dentro del campo del Pacto Social, que su único producto fue la revisión del salario mínimo ajustado a la inflación, al que se opusieron el Ministerio de Economía y la CEOE.
Sin embargo, el gran problema que tenemos es la reforma del sistema para que sea viable, ya que de no alcanzarse tal objetivo, el 80% de los pensionistas caerían bajo la línea del umbral de la pobreza, del cual se salvan hoy gracias a las pensiones y a la asistencia sanitaria gratuita. La comisión parlamentaria, que estudió el problema, una vez que se han cumplido las medidas contenidas en el Pacto de Toledo y que elevó al Gobierno una nueva propuesta, parece que ha quedado olvidada.
En Europa el problema es de máxima actualidad, y el 3 de marzo de 2003 se elevó a las delegaciones de los Estados miembros un informe conjunto de la Comisión y del Consejo de la Unión Europea sobre la adecuación y la viabilidad de las pensiones, cuya conclusión general es que 'muchos Estados miembros se enfrentan a unos aumentos de gastos muy elevados de sus sistemas de pensiones en el marco de las políticas actuales, y aún deben tomar medidas para afrontar estos desafíos financieros sin comprometer la adecuación.
El sistema debe ser reformado para ser viable, pues, en caso contrario, el 80% de los pensionistas caería por debajo de la línea de la pobreza
Estos aumentos de los gastos podrían dañar gravemente la viabilidad de las finanzas públicas a largo plazo. Sin embargo, garantizan la viabilidad financiera a largo plazo de las pensiones. No sólo es importante en sí, sino que es además una condición previa para la adecuación de las pensiones en el futuro.
Los Estados miembros son plenamente conscientes de la interdependencia entre la viabilidad financiera y la adecuación en el contexto de una sociedad en proceso de envejecimiento: la viabilidad financiera de los sistemas de pensiones es una condición previa necesaria para que las pensiones futuras sean adecuadas, mientras que garantizar la adecuación es una condición previa para obtener el apoyo político para las reformas necesarias de los sistemas de pensiones'. Más claro el agua, hay que ponerse a trabjar inmediatamente en el tema.
A España, recientemente, con ocasión de la aprobación del plan de estabilidad, la Comisión le ha advertido de la necesidad de realizar reformas en nuestro sistema público de pensiones para prevenir desequilibrios a largo plazo por el envejecimiento de la población. Dado el gran aumento del gasto previsto a largo plazo, el Ecofin puntualiza que las actuales políticas españolas deben ser complementadas con medidas que prevengan la convergencia de tendencias sostenibles en las finanzas públicas, en particular con las reformas contempladas en el Pacto de Toledo, acordado por todos los partidos políticos en 1995, sobre el futuro de las pensiones. Hay que tener presente que en el informe de la Comisión y el Consejo de 3 de marzo de 2003 se prevé que el gasto en pensiones públicas represente el 17,3% del PIB, con un aumento sobre el año 2000 de ocho puntos de PIB, lo que supone en porcentaje un aumento del 84% en el periodo.
En Alemania, la reforma llevada a cabo prevé una reducción moderada de las tasas de sustitución de las pensiones públicas, debido a las modificaciones introducidas en la definición del salario pensionable, reduciendo el denominado nivel de pensión estándar del régimen público del 70% al 67% y fomentando el desarrollo del ahorro para pensiones privadas a través de rebajas fiscales.
En Finlandia, la reforma de 2002 permite calcular la base de la pensión a toda la carrera profesional y no sobre las rentas medias de los 10 últimos años. Grecia ha reducido la tasa de sustitución de las rentas del 80% al 70% en un periodo de 10 años a partir de 2008. Y Portugal, en 2000, ha decidido tomar en consideración los salarios de toda la carrera profesional, con un máximo de 40 años.
Desde el punto de vista de la equidad intergeneracional, hay dos países que han realizado una importante transformación de sus sistemas de pensiones de jubilación estos últimos años: Italia en 1995 y Suecia en 1999.
La reforma sueca, que ha entrado en vigor en 2003, tiene como objetivo implantar neutralidad en el cálculo de la pensión, ya que su importe se calcula actuarialmente y una distribución intergeneracional equitativa de la responsabilidad financiera. Son los beneficiarios quienes soportan los riesgos de una más larga longevidad o de la disminución de la base contributiva, teniendo la posibilidad de elegir la edad de pase al retiro.
El sistema contributivo se financia exclusivamente por cotizaciones sociales: una parte de ellos financia un sistema de reparto, y la otra parte se invierte en varios fondos. El régimen de reparto funciona según el principio de cuentas individuales, las cotizaciones pagadas por él se inscriben en las mismas y forman un capital ficticio, que se transforma en renta, calculada aplicando a este capital un coeficiente de conversión que tiene en cuenta la esperanza de vida durante el periodo de retiro.
La reforma italiana se aplica a todos los trabajadores que entran en el mercado de empleo después del 31 de diciembre de 1995. A partir de 2035 las prestaciones serán enteramente proporcionales a las cotizaciones pagadas, tomando en consideración la totalidad de la carrera profesional y no las rentas de los últimos años.
En cuanto a España, en nuestro próximo artículo analizaremos los retos de nuestro sistema público de pensiones contributivas: la falta de equidad y el envejecimiento de la población, proponiendo las reformas a realizar para hacer viable el sistema.