La salud laboral en España
La magnitud de los índices de accidentes de trabajo es inaceptablemente elevada en España en comparación con los países del entorno. La alarma por este grave problema hace, según el autor, que se difumine la preocupación, más amplia, sobre la salud laboral o sobre los daños a la salud derivados del trabajo
La persistencia de noticias sobre accidentes de trabajo, en particular sobre aquellos que tienen consecuencias mortales, hace que, por una parte, se mantenga la 'alarma social' que desde hace ya algunos años existe al respecto, y, por otra, que se difumine la preocupación, más amplia, sobre la salud laboral, o sobre los daños a la salud derivados del trabajo.
A pesar de que la tendencia de los índices de accidentes de trabajo, en particular de los graves y mortales, es de estabilización o de reducción, todavía su magnitud es inaceptablemente elevada en comparación con los países de nuestro entorno. El número de accidentes mortales y las consecuencias en términos de incapacidad para el trabajo de los no mortales, están, efectivamente, muy lejos de lo que nuestras condiciones de desarrollo económico, cultural y social exigirían.
El sistema de aseguramiento de los riesgos profesionales en España es caro, ineficiente y escasamente orientado a la prevención
Lo llamativo de esta situación dificulta el conocimiento preciso de los problemas más generales relacionados con la salud laboral, y hace que se haya prestado menos atención tanto a los indicadores de la misma como a las consecuencias de los daños para ella derivados del ambiente y de las condiciones de trabajo. De forma que carecemos aún de investigaciones suficientes para desarrollar programas de salud laboral y actuaciones preventivas basadas en el conocimiento preciso de las circunstancias que están en el origen de los accidentes y de los daños a la salud de los trabajadores. El déficit de conocimientos precisos acerca de la siniestralidad, derivado de las insuficiencias del sistema de información estadística y de la inexistencia de un concepto de accidente de trabajo desde el punto de vista de la prevención (el de accidente de trabajo sigue siendo un concepto de seguridad social, concebido y desarrollado en función de la protección a dispensar al trabajador accidentado, no desde el punto de vista de la prevención), y la carencia de investigaciones adecuadas acerca de los riesgos y daños para la salud derivados del trabajo, están impidiendo la formulación y puesta en práctica de políticas preventivas eficaces y de protocolos de protección de la salud en el ámbito laboral.
En ese contexto, la publicación del Informe de salud laboral. Los riesgos laborales y su prevención. España 2004, realizado por un equipo de investigación dirigido por mí y por el doctor García Benavides, y patrocinado por Zurich, constituye un ejemplo de lo que la iniciativa social puede aportar al estudio y al debate de las grandes cuestiones que deben centrar la atención tanto del diálogo social como de la decisión política.
Como pone de manifiesto el informe, tenemos un sistema de aseguramiento de los riesgos profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales), caro, ineficiente y escasamente orientado a la prevención. La cotización por riesgos profesionales en España dobla sobradamente, en términos de porcentaje sobre el salario, a la de Alemania, mientras que los resultados preventivos de este último país son muy superiores a los nuestros. El problema no es, por tanto, de recursos económicos, sino de adecuada distribución de recursos y de ordenación de la prevención.
Los factores de riesgos laborales emergentes, relacionados fundamentalmente con la organización del trabajo (factores psicosociales) y con las nuevas formas de ordenación de las actividades empresariales, están todavía muy poco estudiados y, sobre todo, son poco considerados a la hora de articular las políticas preventivas. La distribución de los recursos preventivos es muy desigual, territorial y sectorialmente (las autonomías con mayor actividad, por ejemplo, como Madrid y Barcelona, son aquellas en las que la escasez relativa de inspectores de trabajo y seguridad social es mayor). No existen políticas de salud laboral dirigidas específicamente a las pymes, que presentan sin embargo peculiaridades tanto en el perfil de exposición a riesgos como en las dificultades para la gestión de la prevención (asunción de la prevención el empresario, falta de recursos, falta de representación sindical, etcétera). Y el sistema de aseguramiento y de responsabilidades empresariales, no facilita la consecución de los dos objetivos fundamentales que debe perseguir: garantía de una adecuada protección de los trabajadores mediante la reparación íntegra del daño causado a su salud (por el accidente o la enfermedad profesional), y el favorecimiento de la prevención de los riesgos laborales en las empresas.
El aseguramiento sigue siendo insensible a las concretas circunstancias preventivas de las empresas (no premiando los buenos resultados preventivos ni penalizando los malos), y la protección dispensada al trabajador accidentado es insuficiente para reparar íntegramente el daño sufrido por el mismo, por lo que dicha reparación se debe pretender por medio de reclamaciones civiles o penales y no existe obligación de aseguramiento de la misma. La experiencia demuestra que el aseguramiento obligatorio incentiva la prevención, mientras que su falta, con la consiguiente necesidad de reclamación judicial de la compensación del daños sufrido, la desincentiva.
Las reflexiones del informe en relación con estos temas, las informaciones aportadas por el mismo, y sus conclusiones y recomendaciones, ofrecen una valiosa hoja de ruta al diálogo social y a la acción de gobierno, para avanzar en la mejora de la calidad del trabajo y de los indicadores de salud laboral.