Los inspectores denuncian retrasos en el plan antifraude
Los inspectores de Hacienda critican los 'retrasos' en la aplicación del plan de prevención del fraude de la Agencia Tributaria. Solicitan al Congreso que interceda para acelerar la creación de un Estatuto propio para el organismo.
La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda denunció ayer lo que considera un 'parón' en el desarrollo del plan de prevención del fraude fiscal, aprobado hace mes y medio por el Gobierno.
José María Peláez, presidente del colectivo, criticó que las medidas de reorganización de departamentos y de reasignación de personal, incluidas en el plan para atajar con mayor éxito las grandes tramas de fraude, aún no se han puesto en marcha por la cúpula de la Agencia Tributaria, por lo que 'se pone en peligro' los resultados de este año. 'La única novedad que sí se ha aplicado es una instrucción para que el objetivo principal deje de ser el volumen de deuda liquidada, criterio obsoleto, y trabajemos con otros baremos como el número de contribuyentes inspeccionados', dijo Peláez. Parte de las 300 medidas del plan necesitan de cambios normativos, incluso de rango legal, que aún no se han aprobado. Peláez reiteró también la 'falta de medios personales y presupuestarios' para hacer frente a un plan tan ambicioso. 'Ello ha provocado que la Agencia ordene a los inspectores que limiten de cuatro a dos los años fiscales sobre los que efectúen sus comprobaciones', comentó.
El colectivo reclama también que se acelere la aprobación de un Estatuto orgánico para la Agencia Tributaria, asunto que lleva 13 años coleando, a pesar de que ha contado con el visto bueno de los sucesivos Gobiernos.
Diálogo con diputados
La organización ha iniciado contactos con todos los grupos parlamentarios del Congreso para que intercedan en su objetivo. Ayer se reunieron con los portavoces de PP y PSOE. Los inspectores proponen un Estatuto con cuatro puntos básicos. El primero consiste en que el director de la Agencia Tributaria sea nombrado por el Parlamento y no por el Gobierno como ocurre ahora, 'logrando así una mayor independencia' del organismo, 'evitando la 'politización de un cargo que debería tener carácter técnico'. También piden una mayor participación de las comunidades en los planes de la Agencia, un régimen jurídico propio para el personal en plantilla y recursos adicionales para el ente. Estos recursos se obtendrían elevando el porcentaje de ingresos que dedica la Agencia a autofinanciación. El PSOE, según Peláez, rechaza el primer punto pero valora los otros tres.