Evaluación de políticas
Hace unos días conocimos resultados de la evaluación del programa que en 1997 se puso en marcha por el primer Gobierno Aznar con el acuerdo entre patronal y sindicatos para el fomento de la contratación indefinida (Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad en el Empleo).
El precedente del acuerdo era la reforma laboral de 1994, con sus consecuencias de alta precariedad, pese a su éxito sobre la creación de empleo. Una de las consecuencias de la precariedad era la imposibilidad de mejorar la escasa cualificación de trabajadores que sufrían los problemas de alta rotación. Ante tal situación, urgía la puesta en marcha de una reforma en la que los costes de contratación indefinida se redujeran. El imputable a las indemnizaciones por despido podía estar representando un freno a la contratación indefinida.
Al amparo del acuerdo, para ciertos trabajadores (jóvenes, parados, minusválidos, temporales ) se estimulaba la contratación indefinida mediante la relajación de las indemnizaciones por despido, al tiempo que se bonificaba en los pagos en la Seguridad Social asociados a los nuevos contratados. Cabía el riesgo de que las bonificaciones fueran el único elemento de enganche para la nueva modalidad de contratación indefinida.
Es de esperar que un organismo independiente de evaluación contribuya a un gasto público más productivo
Todos celebramos el éxito del acuerdo, que inauguraba, con Javier Arenas como Ministro de Trabajo, lo que se presumía como un largo periodo de consenso social sobre los problemas y las soluciones del mercado laboral. Uno de los argumentos más empleados por el equipo del Ministerio de Trabajo era la importancia de las políticas activas de empleo como solución a los problemas del mercado de trabajo: alta tasa y elevada duración del desempleo, precariedad y alta rotación de los trabajadores menos cualificados, baja participación (especialmente de mujeres) en el mercado laboral
Basándose en esos argumentos, se consignaron importantes partidas presupuestarias desde el ministerio y sus organismos dependientes (Inem, Forcem) a las llamadas políticas activas. Algunos agoreros avisaron: este tipo de políticas debe basar su implementación en un análisis estricto de sus costes y beneficios, que no se había realizado en gran parte de los programas públicos, pues en buena parte de las experiencias internacionales los resultados habían sido decepcionantes.
Los resultados de la reciente evaluación del Acuerdo Interconfederal abundan en este tipo de resultados: la conversión de temporales en fijos acabó con el fin de las bonificaciones, cuando la inmensa mayoría de los contratos indefinidos se rescindieron. La creación neta de empleo estable apenas difirió de lo que, de manera natural, se hubiera producido sin las medidas adoptadas.
No hay nada nuevo en la constatación de que los programas públicos son ineficaces en buena parte de las ocasiones, incluso cuando existe un elevado consenso para su puesta en funcionamiento. Lo que es novedoso es que exista una disciplina del sector público para la evaluación ex-post de los resultados de un programa de gasto. Que este tipo de estudios no se aplique a cada programa llevado a cabo por las distintas Administraciones resulta sorprendente.
Dentro del Plan de Dinamización presentado el viernes por el Ministro de Economía y Hacienda figura como una de las actuaciones del programa la creación de una Agencia Pública de Evaluación de los Servicios y las Políticas Públicas. No queda muy clara su función dentro de los objetivos de aumento de la competencia y mejora de la productividad que se propone el Plan. La Agencia cuadra más con el objetivo de transparencia en todos los niveles de decisión pública. Como refuerzo de la transparencia, la creación de la agencia puede hallar precedentes en el mundo anglosajón: Canadá y Nueva Zelanda las tienen para la evaluación de sus políticas.
Sin embargo, es posible que una buena labor por parte de la agencia sí contribuya, a largo plazo, a alguna mejora de la productividad de la economía: es de esperar que un organismo independiente de evaluación de políticas de gasto que mida correctamente su eficacia contribuya a un gasto público más sensato y por lo tanto más productivo. Se precisaría, no obstante, que sus juicios fueran independientes, que tuvieran carácter vinculante y gozaran de amplia difusión entre la opinión pública. Se precisaría, además, dotar a la agencia de metodologías de evaluación, si no se quiere que la improvisación y la arbitrariedad domine sus estudios. Se precisaría, en fin, una asignación suficiente en lo referente a su presupuesto y a su capital humano: algo siempre difícil de concretar y conseguir.