El Gobierno limita más la propiedad en varias empresas energéticas
El real decreto de reformas urgentes para impulsar la productividad, que el Gobierno tiene previsto aprobar el 11 de marzo, añade una sexta lista a los sectores cuyos cinco primeros operadores se consideran 'principales' a efectos de los límites en participaciones cruzadas. Además, para calcular la cuota de mercado en la electricidad, se tomará como base el mercado ibérico.
E l plan de dinamización de la economía aprobado el viernes por el Gobierno incluye un real decreto-ley con las medidas más urgentes, además de tres anteproyectos de ley y varios acuerdos de Consejo de Ministros para aplicar el centenar de medidas que abarca el plan. De éstas, algo más de la mitad corresponde al sector energético, porque, según aseguró ayer el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, 'una vez analizado el funcionamiento de los distintos mercados, se ha visto que el que más problemas tiene es el de la energía'.
Entre las medidas destaca una nueva definición de operador principal, que, como ya se había avanzado, es el que tiene una de las cinco mayores cuotas de mercado en su sector, exceptuando a REE, Enagás y CLH. Sin embargo, se introducen dos novedades. Hasta ahora, además de la telefonía fija y la móvil, los sectores afectados eran los de la electricidad, el de hidrocarburos líquidos y el de hidrocarburos gaseosos. A partir de ahora, este último se divide en dos listas: una para el sector de carburantes y otra para el de GLP (gas butano). Este ranking podría provocar algunos ajustes en los demás.
Además, para medir la cuota de mercado en la generación y el suministro de electricidad se tomará como 'ámbito' el mercado ibérico, tanto para el operador principal como para el dominante, que es el que controle un 10% del mercado. æpermil;sta es una figura que el Gobierno crea y a la que aplicará una regulación específica, como restricciones 'para acudir a las subastas de energía primaria'.
La nueva norma señala que las eléctricas deben reducir su participación en el operador del sistema, REE, antes del 1 de enero de 2008, si bien, sus derechos políticos quedan ya en suspenso. El Gobierno no ha querido precisar cuándo procederá a hacer lo propio en el caso de Enagás y CLH, pues son empresas 'con un accionariado más complicado', según el secretario general de la Energía, Antonio Fernández Segura.
Cambios en el gas
Como ya se había anunciado, el Gobierno incluye entre las medidas urgentes toda una serie de medidas para poner en marcha el Mercado Ibérico de la Electricidad (Mibel) y congela el pago de los Costes de Transición a la Competencia (CTC). 'Se trata de un retraso, pero no de un incumplimiento de las obligaciones', aseguró el secretario de Estado de Economía, David Vegara, quien matizó que 'según la ley eléctrica, en 2001 se debían haber revisado los CTC, y no se ha hecho'.
En el mercado del gas, el Gobierno incluye el cambio normativo que prometió tras la crisis del suministro de gas que se produjo en diciembre y que estuvo a punto de agravarse con la solicitud de Iberdrola de pasar del mercado libre al regulado (del que es responsable Enagás) para abastecer a sus centrales de ciclo combinado. El real decreto establece que los grandes consumidores (con más de 100 millones de kilovatios por hora anuales) deben permanecer al menos tres años en el mercado liberalizado y para solicitar el cambio de tarifa deben hacerlo con al menos un plazo de seis meses de antelación.
Respecto a Enresa, que deja de ser una sociedad anónima para convertirse en organismo público, el real decreto señala que, a partir del 31 de marzo, los costes asociados de la gestión de los residuos se considerarán 'atribuibles a la explotación', por lo que serán financiados por los titulares de las centrales nucleares.
Cooperativas agrarias
El anteproyecto de ley de productividad establece que las cooperativas agrarias podrán distribuir productos petrolíferos distintos al gasóleo B 'a terceros no socios'. Esta medida, que era una vieja reivindicación del sector, añade un nuevo competidor a las gasolineras. Para las cooperativas no supone la pérdida de la condición de 'especialmente protegidas'.
Mayor agilidad para invertir en capital riesgo
El proyecto de ley regulador de las entidades de capital riesgo y sus sociedades gestoras incide en la necesidad de agilizar el régimen administrativo aplicable y distingue entre fondos y sociedades de inversión que fundamentalmente inviertan en entidades de capital riesgo, una medida solicitada por el sector y que está ideada, según el texto, 'para atraer al capital riesgo al inversor minorista'. El nuevo texto mantiene el capital mínimo necesario para crear una sociedad y un fondo de capital riesgo (1,2 millones y 1,65 millones respectivamente). Estos límites han suscitado críticas en el sector pues promueven la creación de firmas con poco recorrido y que pueden ser aprovechadas más por interés fiscal que por motivos empresariales.
El sector tabacalero, pendiente de los cambios
El sector tabacalero se mantiene a la espera de concretar las repercusiones de los cambios introducidos con el proyecto de ley para realizar valoraciones. En el comercio al por menor, el Gobierno incluye una modificación en la duración de las concesiones nuevas de expendedurías, que pasará a 25 años (actualmente son indefinidas). Vencido el plazo, se convocará un concurso para la nueva concesión del estanco. Dentro del plazo de concesión, los estancos podrán ser transmitidos a cualquier persona física que reúna los requisitos exigidos, previa autorización del Comisionado de Tabaco. Asimismo, el proyecto elimina la restricción para que un titular de una expendeduría se convierta en mayorista y modifica las infracciones y sanciones.
La primera intervención pública de Sebastián
La de ayer fue la primera intervención pública del jefe de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno (con rango de secretario de Estado) para explicar unos textos normativos que el Ejecutivo aprobará en próximos días. Había una cierta expectación por observar a Miguel Sebastián junto a los secretarios de Estado de Hacienda (Miguel Ángel Fernández Ordóñez) y Economía (David Vegara), integrantes como él de la Unidad de Impulso a la Productividad que puso en marcha el presidente Zapatero. Sebastián rechazó que las medidas propuestas sean una 'cortina de humo' como ha criticado el PP. 'Este plan ataca la productividad desde la dinamización de los mercados no desde el dirigismo como se ha hecho en los últimos 8 años', dijo.