COLUMNA

Independencia, responsabilidad y RTVE

El Informe para la Reforma de los Medios de Comunicación Titularidad del Estado redactado por el consejo nombrado por el Gobierno no ha pasado desapercibido. En esto de la tele pasa como con la selección nacional de fútbol, todos tenemos la nuestra. Y cada cual habla de la feria según le ha ido. La que motiva este artículo tiene que ver con el tratamiento del informe a la gestión empresarial de RTVE y con la independencia con la que deba ser gobernado el ente, cuestiones ambas estrechamente relacionadas.

Las conclusiones del informe están expresadas en 1.909 palabras. Sólo 109 de ellas están dedicadas a la gestión empresarial del ente RTVE. Los fondos propios de RTVE son negativos, en más de 6.000 millones de euros. Año tras año RTVE produce pérdidas en torno a 600 millones. Es creencia común, producto de declaraciones de profesionales que han pasado por la casa, que las insuficiencias organizativas y gerenciales provocan derroche de medios. Todo ello llevaría a pensar que la atención que el informe debería haber prestado a las cuestiones de intendencia podría haber sido mayor.

No es ese el caso. Resulta que son temas objeto de improbable controversia, tales como el que RTVE es un servicio público o que la televisión pública debe fomentar el respeto de los preceptos constitucionales, los que se llevan lo más brillante y abundante de la reflexión de la Comisión. Los asuntos de economía doméstica no aparecen más que para recomendar que se haga una administración aseada de los dineros y que se calcule bien a cuánto asciende el la financiación del servicio público para que el Estado lo incluya en lo Presupuestos.

Para el informe la insuficiencia patrimonial no es más que la consecuencia de un mal encaje contable del servicio que presta la tele. Basta con que el Estado se haga cargo de la deuda y enjugue el déficit anual con un contrato programa para que el desequilibrio financiero dejara de ser problema. Es una forma de verlo. Este modelo de financiación del servicio público sería entonces similar al de cualquier otro prestado por el Estado a los ciudadanos, llámese policía, carreteras o vigilancia fitosanitaria. La pregunta a formular a partir de la afirmación anterior es por qué ese servicio público ha de prestarse bajo la dirección de personas que no responden de su actuación con la misma sencillez con que lo hace el ministro del Interior si se le escapa un detenido.

Tal como propone el informe, los medios de comunicación del Estado deben estar gobernados por dos órganos dirigidos por personas independientes elegidas bien por el Parlamento con mayoría de dos tercios (consejo de administración y consejo audiovisual), bien por los sindicatos mayoritarios de RTVE (dos miembros del consejo de administración). El consejo de administración elegirá a un director -aunque en su defecto lo tendría que hacer el consejo audiovisual-. Consejo de administración, consejo audiovisual y director son prácticamente inamovibles y la gestión de éste último se podrá poner en cuestión sólo por incumplimiento grave de programas plurianuales. Por otra parte, el consejo de administración estará asesorado por los consejos informativos, el consejo asesor Estatal, el consejo educativo cultural, el grupo de trabajo permanente de cooperación cultural exterior y los consejos territoriales de RTVE. Los objetivos de RTVE deberán venir establecidos por un mandato marco de nueve años de vigencia, que a su vez se desglosará en contratos programa trianuales que elevará al parlamento el consejo audiovisual tras su elaboración por el consejo de administración. De la vigilancia del cumplimiento de lo anterior se ocupará el consejo audiovisual a partir de una veintena larga de indicadores meta empresariales y en buena medida subjetivos. ¿Si las cosas van mal, a quién pedimos cuentas?

Leyendo el modelo de gobierno y control propuesto se saca la impresión de que es posible que los que dirijan la tele lleguen a ser independientes del partido político que ocupe el Gobierno, pero lo que es más que probable es que sean totalmente independientes de los ciudadanos.

Todo ello da la impresión que tiene algo que ver con considerar a los partidos y al Estado como antagonistas de la sociedad civil -¿son la sociedad militar?- y a los independientes como habitantes de la sociedad de la bondad. Cuentan del anterior jefe del Estado que en cierta ocasión aconsejó a uno de sus allegados: 'haga como yo, no se dedique a la política'.