Decreto de competitividad

El Gobierno quiere bajar el tope de participación en REE, Enagás y CLH

Industria quiere reducir aún más el tope máximo de la participación en el capital de los gestores energéticos, REE, Enagás y CLH. Esta propuesta, que afecta a la mayoría de los accionistas de estas empresas, podría incluirse en el paquete de medidas que el Gobierno aprobará, con probabilidad, el viernes.

El Gobierno está dispuesto a garantizar la independencia de los gestores de los sistemas energéticos limitando al mínimo la presencia de los operadores en su capital. Así, el Ministerio de Industria ha trabajado sobre una propuesta que fija una nueva reducción de las participaciones en el capital del gestor técnico del sistema eléctrico, Red Eléctrica (REE); el del gasístico, Enagás y el de la red de oleoductos, la Corporación Logística de Hidrocarburos (CLH).

La propuesta ha sido remitida al Ministerio de Economía, que debe estudiar si la incluye en su conjunto o parcialmente en el paquete de medidas sobre competitividad que se prevé aprobar en el Consejo de Ministros del próximo viernes. Fuentes cercanas al Gobierno dan por segura la limitación en el caso de REE, una idea que su presidente, Luis Atienza, ya había defendido públicamente antes de su llegada a la compañía.

Esta medida obligará a las compañías eléctricas a reducir su participación del 3% actual al 1% dentro de 'un plazo transitorio'. La norma, que supone una modificación de la ley eléctrica de 1997, establece que 'nadie podrá tener en REE más de un 1% de su capital o de sus derechos de votos'. Además, en conjunto, 'los operadores eléctricos no podrán sumar el 40% del capital' de esa empresa. Esta limitación no es aplicable a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que tiene un 28,5% del capital de REE. La SEPI mantiene su estatus actual, según el cual, su participación no podrá ser inferior al 10%.

REE 16,68 -1,33%
ENAGAS 16,69 -1,21%

A las principales eléctricas (Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa y Cantábrico) ya se les obligó a desinvertir en el gestor técnico del sistema en 2003, después de que la Ley de Acompañamiento de ese año estableciera el límite ahora vigente del 3%, frente al 10% que tenían entonces. Las compañías tuvieron un año de plazo para vender y se les suspendieron inmediatamente los derechos políticos por la participación que excediera el porcentaje legal.

En esta ocasión, además, Industria ha estudiado también rebajar el techo máximo de participación en el capital de Enagás, 'en su afán por igualar la situación de los dos gestores eléctrico y del gas', según fuentes conocedoras del proceso. Sin embargo, la situación de partida de esta compañía no es la misma que la de REE y, además, su principal accionista, Gas Natural, con un 24,9%, está inmerso en un proceso de desinversión similar, siguiendo lo establecido en la Ley de Acompañamiento del 31 de diciembre de 2004. æpermil;sta prohibía a cualquier accionista tener más de un 5% del capital y daba a Gas Natural (que entonces tenía una participación el 35%) un plazo de tres años para rebajarla.

En el caso de Enagás, el ministerio habría barajado la posibilidad de fijarla en el 3% o, incluso, en el 1%, como en REE. Esto afectaría a otros cinco accionistas que están ahora en el límite legal del 5%: BP España, Sagane, Cajastur, la CAM y Bancaja.

La necesidad de una mayor coordinación entre los gestores técnicos de los sistemas de la luz y el gas (por el mayor peso de la producción eléctrica con ciclos combinados) ha llevado al Gobierno a plantear la posibilidad de que la SEPI tome una participación en Enagás similar a la que tiene en REE.

El caso CLH

También a los accionistas de CLH, compañía encargada de la logística de almacenamiento, el transporte y la distribución de hidrocarburos, se les podría rebajar el listón de sus participaciones, que, en su caso, son muy elevadas. En estos momentos, las más importantes son las de Repsol y la canadiense Enbridge, que controlan un 25%, respectivamente, y Cepsa, que tiene un 14,15%. La posibilidad que se ha estudiado es la de poner el límite en el 10%, o rebajarlo en proporción al paquete que tenga cada uno, como ya se hizo en su día.

Al igual que en el caso de los otros dos gestores energéticos, la presencia de los operadores petrolíferos en CLH es una herencia del pasado y también ha sufrido recortes. El decreto de medidas liberalizadoras de junio de 2000 incluía un plan para ampliar el accionariado de CLH y rebajar el peso de Repsol en la compañía, que entonces controlaba el 61% de su capital, y de Cepsa, que tenía el 25%.

Operador principal

El Gobierno modificará los criterios para determinar qué empresas tienen la consideración de operador principal en su sector. Así, sacará a Enagás, CLH y REE de las suyas, por considerar que, al realizar actividades reguladas, no deben estar con el resto de operadores.

El Mibel, entre las medidas principales

En el paquete de medidas para fomentar la competencia que el Gobierno espera aprobar el próximo viernes, un capítulo muy importante está dedicado al Mercado Eléctrico de la Electricidad (Mibel). La puesta en marcha de este mercado, que debe arrancar el próximo junio, precisa de una norma con rango de ley. En este sentido, el paquete del Gobierno incluye una batería de medidas sobre el Mibel, relativas a los contratos bilaterales (a los que se dará garantía de potencia); las restricciones técnicas; las funciones del operador del sistema; los intercambios y a las obligaciones de las operadoras, entre otras.

Además del cambio en la financiación del segundo ciclo del combustible nuclear (gestión de residuos y desmantelamiento de centrales), que saldrá de la tarifa y lo asumirán las eléctricas, el Gobierno quiere acabar con las trabas que se imponen las distribuidoras de electricidad y gas para que un cliente cambie de suministrador. De esta manera, y para favorecer la competencia, se fijan normas para acabar con dichas trabas.

El Gobierno también prepara medidas para impulsar la competencia en el mercado de las telecomunicaciones y estudia diferentes posibilidades a su alcance. El paquete también incluirá reformas en sectores como el ferroviario, aeropuertos, servicios portuarios, tabaco, servicios postales y servicios profesionales.