El fiscal considera legales las jubilaciones millonarias en el SCH
La actuación del fiscal en el caso de las jubilaciones millonarias pagadas a ex altos cargos del SCH cerró el penúltimo día del juicio. La fiscalía no ve delito en los pagos de 152 millones mientras las acusaciones fueron muy contundentes al apuntar que los ex altos cargos 'se blindaron ilícitamente' y luego 'cobraron' para dejar a Botín como presidente único del SCH.
La fiscalía, que ha pedido en cuatro ocasiones archivar la causa, no ve ni delito de apropiación indebida ni de administración desleal, como argumentan las acusaciones. No ve tampoco 'abuso de poder', ni 'disposición fraudulenta' de dinero en el hecho de que el ex copresidente del SCH, José María Amusátegui, y el ex vicepresidente y ex consejero delegado, Ángel Corcóstegui, percibieran 43,75 y 108,1 millones, respectivamente, en concepto de bonus y jubilación al salir del banco.
En su discurso, más propio a veces de la defensa, dijo que los pagos fueron transparentes ya que se llevaron al consejo y razonables puesto que fueron aprobados por este órgano, el facultado para fijar remuneraciones. Ni en la ley ni los estatutos del banco 'está cuantificada' la remuneración de consejeros ejecutivos, dijo y apeló al 'principio de libertad de mercado' para fijar estas condiciones. En este libre mercado 'el que puede paga', aseveró.
El fiscal quiso dejar claro que 'no se está juzgando a las personas, sino actos concretos. No importa cuánto dinero ganó el señor Amusátegui en otros bancos'.
Las acusaciones (representadas por el condenado por el caso Banesto y ex consejero Rafael Pérez Escolar y el abogado y accionista minoritario Juan Francisco Franco Otegui) fueron contundentes al pedir la condena para el presidente del Santander, Emilio Botín y los otros dos acusados. Ambos insistieron en que los pagos fueron 'ilícitos' y 'perjudicaron' al banco y, por ende, a los accionistas. Acusaron, además, de blindaje ilegal a Amusátegui y Corcóstegui.
El letrado de Pérez Escolar, el catedrático José Manuel Gómez Benítez, argumentó que. Amusátegui y Corcóstegui 'primero se blindaron por si les echaban durante la fusión' y luego 'se fueron y dejaron vacantes dos puestos en el consejo' con la consiguiente mayoría de los del Santander frente al BCH. 'El único beneficiado ha sido el señor Botín' al quedarse como presidente único, afirmó. José López, letrado de Otegui, calificó de 'donaciones' los pagos y comparó la jubilación del ex presidente del Popular, Luis Valls, que percibió 640.000 euros.
El final de un juicio rápido
Los implicados en el juicio cuentan las horas para el final de un proceso bastante rápido. Ayer, los acusados en el caso de las jubilaciones millonarias, mostraban caras de satisfacción tras la intervención del fiscal. Especialmente Amusátegui, que aparecía menos esquivo con la prensa que desde el comienzo del juicio, el pasado 26 de enero. Hoy, junto a Botín y Corcóstegui, afrontará el previsto último día de la vista.Toca el turno del informe final a los letrados de las defensas Gonzalo Rodríguez Mourullo (en representación de Botín), Ramón Hermosilla (de Amusátegui) y Javier Sánchez-Junco (de Corcóstegui, y también es letrado del ex secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga en el caso BBV). Aunque los acusados tienen la última palabra antes de que el tribunal que preside Antonio Díaz Delgado lo deje visto para sentencia, es poco probable que hagan uso de ella, según fuentes jurídicas.