Yukos afronta un test clave en su lucha por acogerse a la ley de quiebras de EE UU
Yukos, el grupo petrolero acosado por el Kremlim, afronta una prueba clave para evitar el proceso de destrucción de la compañía. Un tribunal estadounidense estudia desde ayer la solicitud de la empresa para acogerse al capítulo 11 de la ley de quiebras norteamericanas, que permite a las compañía seguir con su actividad sin hacer frente a las deudas mientras presenta un plan para solventar sus problemas financieros. Yukos ha sido intervenida por el gobierno ruso bajo la acusación de fraude y evasión fiscal. El ejecutivo 27.500 millones de dólares.
La juez de quiebras Letitia Clark escuchará los argumentos durante dos días para determinar si el caso es de su jurisdicción y, por tanto, si Yukos se puede acoger a esa legislación.
Yukos alega que víctima de una campaña orquestada por el Kremlim para destrozarla y acabar con su legítimo propietario, Mijail Jodorkovsky, que está encarcelado y para el que el fiscal pide diez años de prisión por fraude y evasión fiscal.
La jurisdicción de Estados Unidos en el caso ha sido cuestionada por Deutsche Bank y Gazpromneft, una filial del monopolio estatal gasístico Gazprom. Yukos ha demandado a las dos sociedades.
Para respaldar su petición de jurisdicción, Yukos ha enviado a Estados Unidos a su director financiero, Bruce Misamore, que tiene una casa en Houston, ha constituido una filial en Estados Unidos, Yukos USA, y ha abierto dos cuentas en bancos de Texas con fondos por valor de 27 millones de dólares para cubrir costes legales y judiciales.
Los litigios judiciales no han impedido que las autoridades rusas hayan vendido, a través de una subasta la principal filial gasística de Yukos por 9.400 millones de dólares. El comprador, un grupo desconocido, finalmente fue adquirido por la petrolera pública Rosneft.
Además de saber si el tribunal tiene jurisdicción para actuar sobre el caso, habrá que ver si sus decisiones pueden tener algún tipo de efecto sobre el caso. Hasta ahora nada ha sido capaz de frenar las acciones que el Ejecutivo ruso ha puesto en marcha para recuperar los impuestos que la empresa, supuestamente, no ha abonado al fisco durante los últimos años.