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Fraude

Los asesores rechazan que el fisco perfile por riesgo de defraudar

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) criticó ayer duramente el plan de prevención del fraude presentado hace 20 días por el Ministerio de Hacienda, y que se ha plasmado parcialmente en el plan anual de control para 2005.

Rubén Candela, presidente del colectivo, rechazó expresamente la intención de Hacienda de calificar a los contribuyentes según sus niveles de riesgo para defraudar. 'Propuestas como éstas no son acertadas pues no garantizan la igualdad de trato, ya que la Agencia Tributaria no ha concretado objetivamente cuales son esos criterios de riesgo por los que se va a regir', dijo Candela en la presentación de un informe de valoración sobre el plan antifraude.

En su opinión, no debe señalarse a determinados colectivos (empresas de reciente creación o profesionales en módulos) como 'potenciales defraudadores' sin tener pruebas contundentes.

Fuentes de la Agencia Tributaria argumentaron ayer a Cinco Días que las inspecciones fiscales 'no se pueden efectuar de manera aleatoria sino con el peso de indicios de fraude' en cada sector.

Por otro lado, Aedaf entiende que el citado plan 'puede rozar la inconstitucionalidad' en algunas cuestaciones como la entrada de funcionarios en el domicilio del contribuyente para recabar datos sobre su patrimonio o la investigación de cuentas corrientes bancarias.

A este respecto, la Agencia Tributaria añade que la visita de funcionarios siempre se haría con el consentimiento del contribuyente, como ya establece la ley general tributaria, y que en el caso de la investigación de cuentas bancarias, se necesita la firma de un superior o de un juez para que un inspector pueda acceder a los datos, lo que supone una garantía para el ciudadano.

En estos dos casos, Hacienda recalca que el plan antifraude no introduce novedades, sólo la intención de fijar 'medidas cautelares' necesarias para asegurar el cobro de la deuda tributaria.

Error en concepto

Los asesores fiscales creen que Hacienda ha incurrido en un error conceptual 'al no acotar de forma adecuada el concepto de fraude fiscal, confundiéndolo con el derecho del contribuyente a una planificación fiscal' para pagar los menores impuestos posibles.

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