Alemania y Francia aceleran las medidas para relanzar la actividad económica

Alemania y Francia han intensificado su política destinada a potenciar la actividad y reducir sus déficit públicos. Mientras París baja los impuestos a particulares y empresas, además de liquidar la jornada de 35 horas de Martine Aubry, los empresarios elevan la presión en Berlín para lograr una bajada de la presión fiscal a la actividad. Además, el Gobierno pretende exprimir la productividad de los funcionarios.

En Francia, el Gobierno liberal de Jean-Pierre Raffarin se mantiene firme en su propósito de llevar a cabo las reformas que juzga necesarias para dar un impulso a la economía y controlar el déficit público.

En este sentido, el ministro de Economía, Hervé Gaymard, presentó el lunes una apabullante batería de medidas cuya prioridad es relanzar la demanda interna y crear empleo, cuando la tasa de paro roza el 10%. Una serie de dispositivos que pasa por la reducción de impuestos dirigida a las clases medias (sin cifrarla), y todo un paquete tributario destinado a liberar el ahorro de los franceses y empujarlos al consumo.

Este nuevo impulso reformador del Ejecutivo, que también cuenta con una importante serie de privatizaciones de empresas públicas, se apoya en una estimación 'optimista' del crecimiento económico para este ejercicio, según los analistas, que auguran menos del 2%. Ahora bien, 'dado que la economía francesa tira esencialmente de la demanda interna, un mensaje pesimista animaría el ahorro y apagaría el motor del consumo', estiman en el Observatorio Francés de Coyunturas Económicas.

Por ello, el Ejecutivo galo también ha impuesto un control exhaustivo del gasto público, con el objetivo de llevar el déficit por debajo del 3% del PIB. Con la certeza de que 'hay que salir de esta dependencia' al gasto público, el Gobierno ha dado luz verde a la reducción de entre 12.000 y 21.000 funcionarios en 2006, en un país que cuenta con 5,5 millones de empleados en la Administración.

Todas medidas que suponen una continuidad en la política marcada por el Ejecutivo de Raffarin, con un punto de inflexión, según los analistas: la reforma laboral. El Gobierno ha mantenido sin pestañear una segunda reforma de la jornada laboral de 35 horas, votada ayer en el Parlamento, que en la práctica convierte la norma impulsada por la izquierda en letra muerta. La nueva reforma, abanderada por el lema 'trabajar más para ganar más', flexibiliza el número de horas extras (hasta un máximo legal de 48) y abre la posibilidad de canjear las populares jornadas RTT (reducción de tiempo de trabajo) por dinero o por la acumulación de tiempo de reposo, marcada por la negociación en cada empresa.

En Alemania, además de soportar la presión empresarial para reducir la fiscalidad sobre la actividad, el Gobierno ha pactado con los sindicatos un revolucionario acuerdo sobre las condiciones laborales del sector público que permitirá al Ejecutivo recortar gastos.

Por primera vez, un porcentaje del sueldo de los 2,3 millones de funcionarios federales y municipales dependerá de los resultados de su trabajo.

El acuerdo está orientado 'a lograr más flexibilidad, transparencia y orientación al rendimiento', afirmó el ministro alemán de Interior, Otto Schily.

Salario ligado a los resultados

Alemania quiere estirar la productividad de sus funcionarios. Unificará de la jornada laboral de los trabajadores públicos en 39 horas semanales para todos los estados federados del país. Ello supone que los funcionarios del oeste trabajarán media hora más a la semana y, los del este, una hora menos. Los salarios quedan congelados hasta fin de 2007, si bien se introduce durante este periodo una paga compensatoria de 300 euros al ano. Además, se eliminan los complementos por cónyuge e hijos y se mantienen sólo los de antigüedad. El punto más novedoso es la decisión de que una pequeña parte del sueldo dependa del rendimiento del trabajador. Esta medida se aplicará a partir de 2007 y, en principio, afectará a sólo el 1% del salario. La idea es aumentar este porcentaje hasta el 8%. El Ejecutivo alemán prevé que el déficit público se sitúe este año en el 2,9% del PIB. Sin embargo, los municipios esperan que su déficit se dispare a los 7.000 millones de euros, frente a 4.100 millones de 2004. El acuerdo no afecta a los cerca de 900.000 funcionarios de los 16 estados federados como policías o maestros.