Las divergencias entre Gallardón y Fomento paran la operación Chamartín
Ocho años después de que naciera el proyecto urbanístico más ambicioso de Madrid, poco se ha avanzado. El enfrentamiento entre el Ayuntamiento y Fomento mantiene paralizada la operación Chamartín.
La operación Chamartín, el proyecto urbanístico más ambicioso de la capital de España, está prácticamente muerto desde hace ocho años. Y su resurrección parece improbable por ahora.
La causa es la divergencia que mantiene el Ministerio de Fomento con el Ayuntamiento de Madrid (gobernado por el PP y dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón) por un lado, y con los propietarios de los derechos urbanísticos del suelo (la empresa Duch, participada por el BBVA y Constructora San José), por otro. Según fuentes del consistorio madrileño, el enfrentamiento tiene su origen en el número de viviendas de protección oficial (VPO) que deben construirse en las 312 hectáreas de terreno.
Después de las últimas elecciones, el Ministerio de Fomento, integrante del Consorcio Urbanístico 'Prolongación de la Castellana' junto al Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad, pidió una moratoria de un mes para revisar el proyecto y anunció que más de la mitad del terreno se destinaría a vivienda pública.
Pero la moratoria exigida por Fomento ha durado más de lo previsto, debido a la frontal oposición de Duch a la introducción de viviendas protegidas en la zona, algo que cambiaría toda la rentabilidad del proyecto.
Las cuentas tampoco cuadran ahora para el propio Ministerio, ya que en el plan inicial impulsado por Francisco Álvarez Cascos estaba previsto que Renfe (propietaria de los terrenos), destinara las plusvalías de la operación a financiar la nueva estación de Chamartín y el cubrimiento de las vías. Un proyecto muy ambicioso presupuestado en más de 210 millones de euros.
La pelota está ahora sobre el tejado del Ministerio de Fomento, que aún no ha puesto sobre la mesa, ocho meses después de realizar la petición, ninguna nueva propuesta sobre el aprovechamiento del suelo que incluya VPO, señalan las fuentes del consistorio.
Esa propuesta debería incluir, además, la forma de financiar esas casas. Las pretensiones de Fomento son que las tres administraciones corran con los gastos, algo a lo que se opone el Ayuntamiento.
Los planes de Magdalena Álvarez son diametralmente opuestos a los de su antecesor al frente del Ministerio. Con la anterior administración, Duch había logrado desbloquear sus pretensiones: elevar al máximo el grado de edificabilidad en la zona, lo que permitiría unas 20.000 viviendas de precio libre, más de dos millones de metros cuadrados para uso terciario y el resto (hasta el 55%) para oficinas. En ninguno de los planes parciales aprobado en tiempos de Cascos se habló de VPO.
Además de la nueva estación de Renfe en Chamartín, en la operación se desplegó una batería de actuaciones gigantesca, que en todo momento debería financiar la venta libre de suelo: la remodelación de los nudos del Norte y Fuencarral, la prolongación de la Castellana, la modificación del Canal de Isabel II y dos puentes sobre la M-30, entre otras infraestructuras. Pero nada de eso existe aún sobre el papel.
Un plan faraónico en el que pocos creen
Los principales impulsores de la operación Chamartín no ocupan ya ningún cargo público. Uno de los más importantes valedores del mayor proyecto urbanístico de Madrid fue el ex ministro Álvarez-Cascos, que concibió un plan faraónico en nombre del interés público que despertó rápidamente las suspicacias de la oposición (entonces ocupada por el PSOE) e incluso entre sus propias filas.El equipo del actual alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, parece ser el único que sigue creyendo en el proyecto inicial. Dentro de su propio partido, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se ha desmarcado de la operación y ha decidido llevarse algunas infraestructuras que en principio iban en esa zona (por ejemplo, la Ciudad de la Justicia), a otros terrenos menos conflictivos.El Ministerio de Fomento, dirigido por Magdalena Álvarez, es el que ha impulsado la revisión de todo el proyecto. Pero tal vez los más críticos hayan sido la Asociación de Reversionistas de Chamartín y la Federación Regional de Vecinos, que consideran la operación 'un pelotazo urbanístico'.