El FGD alerta de que el caso Banco Valladolid pone en §grave riesgo§ los ahorros de los españoles
El Fondo de Garantía de Depósitos ha afirmado hoy que el pago de 1.122 millones de euros al ex propietario del Banco de Valladolid, ordenado por el juzgado de instrucción número 4 de Madrid, ¢causaría un grave perjuicio a todos los ahorradores del sistema bancario nacional¢, cuyos depósitos ¢correrían grave riesgo¢ si entrara en crisis alguna entidad.
Dado que el FGD quedaría descapitalizado si se ejecutase la orden judicial, tendría muy difícil devolver sus depósitos a los clientes de una entidad que entrara en crisis. Precisamente esa es una de las funciones principales del FGD, que en caso de quiebra, suspensión de pagos o liquidación de una entidad financiera, reintegra a los clientes de manera casi inmediata hasta 20.000 euros
Según las últimas cifras publicadas por este organismo, que se nutre con las aportaciones de bancos y cajas, su patrimonio asciende a 1.580 millones de euros, con lo que el pago de esta indemnización dejaría sus activos en sólo 460 millones.
Decisión desproporcionada
Para esta entidad, la decisión del juzgado es ¢jurídicamente improcedente, desproporcionada y no ajustada a derecho¢, pues reconoce a Domingo López Alonso el derecho a recibir una indemnización multimillonaria por haber aportado unos bienes ¢que sólo sirvieron para cubrir parcialmente sus propias deudas y las de su grupo¢.
Y ello, añade, ¢sin considerar los costes que causó su arbitraria y deficiente gestión en el Banco de Valladolid¢, que obligó al FGD a destinar 65,6 millones de euros para su saneamiento. Además, el Banco de Valladolid se vio obligado a realizar una ampliación de capital de 26,4 millones para cumplir los requisitos mínimos legales sobre recursos propios.
Tras un largo proceso de litigios y de sentencias en su contra, el juzgado de instrucción número 4 de Madrid reconoció ¢sorprendentemente¢ -según el Fondo- al ex propietario del Valladolid un derecho a ser indemnizado por valor de 26,5 millones de euros y, posteriormente, a cobrar los intereses de esa cuantía, 1.022 millones de euros más unas costas de cien millones, y contra el que el Fondo ha presentado un recurso contra el pago de las dos cantidades.