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Plan Antifraude

Hacienda fijará un valor único a las casas válido para todos los impuestos

Hacienda fijará un valor de referencia único de los inmuebles que sirva para pagar todos los impuestos. El Gobierno da luz verde al plan antifraude, centrado en la vivienda y las grandes tramas organizadas de IVA.

El Consejo de Ministros dio luz verde el viernes al plan de prevención del fraude fiscal, cuyas primeras medidas comenzarán a aplicarse la próxima semana. Entre ellas figura, a sugerencia de varias organizaciones profesionales, el compromiso a futuro del Ejecutivo de fijar valores de referencia únicos para cada inmueble, de forma que tengan validez para todos los impuestos (estatales, autonómicos y municipales).

La medida es de suma importancia ya que en la actualidad se pueden consignar hasta siete valores diferentes de una misma vivienda, en función del tributo y la administración de que se trate, según explicó el vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, tras el Consejo de Ministros. 'El Catastro dispone ya de la capacidad técnica para asignar valores de referencia únicos, pero la medida tiene implicaciones jurídicas para comunidades y ayuntamientos por lo que será necesario sentarnos con ellos para consensuarlo avanzó Solbes. De hecho, ya se ha creado un grupo de trabajo con las comunidades a tal efecto. La aplicación de un único valor de referencia simplificará los trámites y reducirá el fraude en el sector inmobiliario.

Precisamente la vivienda, junto a las tramas de fraude organizado en el IVA centran las principales medidas del plan de prevención analizado ayer por el Gobierno.

Promociones

En el sector inmobiliario se van a realizar 'pruebas piloto' para el seguimiento de promociones urbanísticas y comprobaciones conjuntas a promotores y compradores.

Se va a proceder también a identificar in situ viviendas y locales no declarados, sociedades interpuestas de titulares de viviendas, y a mejorar el control sobre contratistas y subcontratistas. El objetivo último, según Solbes, es que no quede nada por investigar en toda la cadena inmobiliaria.

Por lo que se refiere a las tramas del IVA, el plan fija protocolos de actuación conjunta y controles preventivos para acceder al registro de operadores intracomunitarios. En este registro suelen colarse empresas con actividades ficticias, con el fin de eludir el pago de la cuota del impuesto.

Por otra parte, se fijará una 'responsabilidad conjunta' de vendedores y compradores en casos de tramas de fraude. Hacienda podrá ir contra cada uno de ellos por la cantidad global eludida.

Más investigación

El plan incluye medidas organizativas dentro de la Agencia Tributaria. Se dejará de priorizar la comprobación de declaraciones tributarias para potenciar la labor de 'investigación en la calle' de contribuyentes que no declaran. Las áreas de inspección y recaudación actuarán de forma coordinada para asegurar el cobro de deudas antes de que el inspeccionado levante su patrimonio, como ocurre ahora.

Grandes empresas

Se creará una delegación central de inspección para grandes contribuyentes (empresas que facturen más de 60 millones de euros). Se reestructurará para ello la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif). Se está estudiando introducir un certificado de identificación fiscal electrónico para todas las sociedades. En el caso de las pymes, se mantiene el sistema de módulos pero se fija una retención en el pago de facturas emitidas entre empresarios, para evitar el fraude en estas operaciones.

La Agencia mantendrá abierto para el ciudadano un buzón de sugerencias. Anualmente revisará el plan, en función de los resultados.

Una ley para el otoño

Después del verano, el Gobierno aprobará una 'ley de medidas para la prevención del fraude', que incluirá las propuestas del plan que requieren un desarrollo normativo y que no hayan podido iniciarse antes. Habrá tiempo para incluir nuevas sugerencias.

300 medidas. æscaron;ltimas modificaciones incluidas

Renuncia a un cuerpo específico de policía fiscal De las cerca de 300 medidas del plan de prevención contra el fraude se ha caído (estaba incluida en el borrador) la intención inicial del Gobierno de crear un cuerpo específico de policía fiscal en Hacienda para incorporar métodos de investigación policial a todos los impuestos. 'No creemos que sea necesario la creación de una policía fiscal; haría que se duplicasen las tareas y cargos actuales', recalcó Solbes. La propuesta se limitará ahora a un mero acuerdo de colaboración con la Policía Nacional y Guardia Civil para extender la ayuda que ofrecen ya estos agentes a los funcionarios de Vigilancia Aduanera. Solbes zanja así el problema que se le avecinaba de un cuerpo que dependiera a su vez de Hacienda e Interior.No habrá registro de compraventas privadasHacienda ha dado marcha atrás también a la intención de que se inscriba en el registro mercantil los contratos privados de compraventa de inmuebles, previos a la escritura ante notario. La Secretaría de Estado de Hacienda había pensado en esta idea con el ánimo de evitar que se escriture siempre a un precio inferior al del contrato privado, algo que suele hacerse por compradores y vendedores con el fin de evadir impuestos.Sin embargo, notarios y registradores han advertido a la administración de 'problemas técnicos' en esta medida.'No la descartamos totalmente, pero vamos a estudiar antes otras fórmulas que vayan en la misma dirección', dijo el vicepresidente económico.Los inquilinos darán el NIF del propietario en el IRPFLo que sí se incorpora al plan antifraude es la obligación de que los inquilinos de una vivienda consignen en su declaración de la renta el número de identificación fiscal (NIF) de su arrendador. En la próxima declaración (renta 2004), ya se incluirá una casilla a tal efecto, según confirmó Solbes.Esta medida, incluida entre las más de 500 propuestas recibidas por el Gobierno de organizaciones profesionales y contribuyentes en general, permitirá vigilar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de quienes arrienden viviendas. El plan contempla otras medidas que afectan a los propietarios como la obligación de comunicar el medio de pago cuando se produce la compra de una casa.

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