Los expertos piden la ampliación del copago en la sanidad catalana
El grupo de 13 expertos que ha elaborado el documento para racionalizar y reducir el gasto sanitario en Cataluña ha propuesto aumentar el nivel de copago de fármacos, con el objetivo de reducir la demanda. El estudio también sugiere la revisión a la baja de los costes de distribución y dispensación (farmacias) y la restauración de los precios de referencia para potenciar los genéricos.
El portavoz del grupo, Miquel Vilardell aseguró que 'no hemos planteado la necesidad de pagar un euro por receta como medida recaudatoria, pero entendemos que el copago debería servir para regular la demanda, teniendo en cuenta la capacidad de adquisición de las personas, las cargas familiares y las enfermedades crónicas'.
Además, el documento recomienda otras medidas recaudatorias, para paliar el déficit corriente anual de 500 millones de euros que genera Cataluña, como el aumento de la participación de la Generalitat catalana en impuestos como el tabaco, alcohol, IRPF e IVA. De esta forma, el documento propone aumentar del 40 al 50% la participación de la administración autonómica en el impuesto sobre el tabaco, lo que supondría una recaudación adicional de 106 millones. Otros 54 millones adicionales se podrían ingresar con un incremento del propio impuesto del 10%.
Vilardell también habló de la posibilidad de incrementar la presión fiscal sobre el alcohol. El portavoz se refirió a la necesidad de mejorar la distribución de los fondos de cohesión social, para paliar los pacientes desplazados, con el objetivo de recaudar 298 millones más.
En definitiva, Vilardell definió que se trata de buscar un sistema duradero, que permita reducir el diferencial en gasto público sanitario de Cataluña con otras regiones europeas, cifrado en 2.500 millones. El consejero de Economía de la Generalitat, Antoni Castells, y la titular de Sanidad, Marina Geli, recibieron el informe, que estudiarán y utilizarán como base de negociación con el Gobierno central. La Administración catalana acordó crear la comisión de expertos al detectar que la Generalitat tenía un gasto desplazado de 3.559 millones.