Garzón imputa al ex secretario de Estado Rodríguez Ponga
El juez Baltasar Garzón decidió ayer, a través de una providencia, citar a declarar en calidad de imputados por un delito de presunto fraude fiscal en la compra de Mercantil Probursa de México, al ex secretario de Estado de Hacienda del anterior Gobierno, Estanislao Rodríguez Ponga, al ex copresidente del BBVA, Emilio Ybarra, y otros cuatro directivos.
El informe de la fiscalía Anticorrupción al que Garzón dio ayer luz verde implica a los seis imputados en el diseño y la ejecución de un mecanismo por el cual el Grupo BBV realizó operaciones entre filiales fuera de España para realizar un delito de presunto fraude fiscal al Estado español por unos 21 millones de euros.
Además de Ybarra y Rodríguez Ponga, el magistrado ha citado a declarar al ex consejero delegado del banco, Pedro Luis Uriarte; al ex director general financiero, Luis Bastida; al ex director general adjunto, Rodolfo Molinuevo, y al entonces y ahora director de la Asesoría Fiscal del BBVA, Juan Pedro Gil Vera.
Según la investigación de la fiscalía y de los expertos de la Agencia Tributaria en la que basa su decisión el juez Garzón, los imputados elaboraron una operación para que la compra del Grupo Mercantil Probursa de México (actual Bancomer) por parte del Grupo BBV sirviese para realizar pagos indebidamente menores de las cuotas correspondientes al Impuesto sobre Sociedades en los años 1995 a 1998, por valor de 3.498 millones de pesetas (unos 21 millones de euros).
¿Cómo se procedió? Tres filiales de BBV -Ancla Investments, Canal Internacional Holding y Desarrollos Omega- eran propietarias en junio de 1995 de alrededor del 22% de las acciones de Probursa. Estas firmas vendieron de manera innecesaria, desde el punto de vista legal, e infladas, desde el punto de vista de su valor de mercado, sus acciones a BBV International Investment Corporation (BBVIIC). Las conclusiones de esta investigación, que son rechazadas por el BBVA, son que esa operación entre filiales del grupo se hizo para minorar el pago del Impuesto de Sociedades entre los años citados de 1995 1998.
En este sentido, el informe pericial, sostiene el alegato de la fiscalía, 'reitera y deja bien claro que la repetida venta de 182.559.050 acciones del Grupo Financiero Probursa realizada el 4 de julio de 1995 entre sociedades filiales del Grupo BBV, se hizo a un precio artificialmente elevado con el resultado previsto de trasladar pérdida a BBV y que ello constituyó una operación económica irrelevante así como jurídicamente innecesaria para que BBV controlara Probursa pero que a la postre sirvió para determinar, eso sí, la indebida minoración de las cuotas' del impuesto ya mencionado.
El juez Garzón, a cargo del denominado caso BBV desde sus inicios en 2002 con el descubrimiento de las cuentas secretas de Jersey y el pago irregular de fondos de pensión a consejeros del banco, tomará declaración a los seis imputados el próximo lunes 15 de febrero, a partir de las 10 de la mañana. Los imputados concurrirán con sus abogados, como es normal en estos casos. El único de ellos que sigue en actividad en el BBVA es Gil Vera.
Los arquitectos de la operación
Según las declaraciones formuladas en su día por Bastida ante el juez Garzón, Rodríguez Ponga dependía del responsable del departamento fiscal del BBV. '...Este era D. Juan Pedro Gil Vera (...) y le daría a Ponga las instrucciones oportunas de que se integrara en el equipo que iba a formalizar la operación, de Probursa (...), pues lo que hacen ellos en concreto es analizar la operación desde un punto de vista fiscal y... proponer, redactar la solución correspondiente...', declaró Bastida.Ponga, en su declaración de mayo de 2002, también se refirió a Gil Vera como su superior, a quien debía contarle cómo iba a ser la operación '...para ver si podemos... si en España resulta aplicable esa deducción o no'. El ex secretario de Estado, sin embargo, era el experto fiscal del banco, a quien se le encargó la operación por sus conocimientos fiscales a nivel internacional. Rodríguez Ponga, quien declaró ante Garzón como testigo y nunca había vuelto a ser requerido por el juez, trabaja ahora como consejero de Testa, la filial de patrimonio inmobiliario del grupo Sacyr Vallehermoso.