Oficinas públicas y gasto social
Los Presupuestos Generales del Estado se han convertido en una auténtica labor de ingeniería política. Las crecientes necesidades en inversión social deben combinarse con el cumplimiento del déficit cero, y a partir de 2007 con el hecho de que las ayudas comunitarias a España se reducirán en unos 3.500 millones de euros anuales.
Con cada nueva vuelta de tuerca a los Presupuestos aumenta la importancia de optimizar la gestión pública. Se trata de rentabilizar al máximo los fondos y los bienes de la Administración, práctica que puede tener un efecto asombroso sobre las cuentas públicas. El inmobiliario es uno de los ámbitos en que la gestión produce mejores resultados. Muchas grandes corporaciones privadas españolas han desinvertido en activos inmobiliarios para concentrarse en sedes corporativas periféricas. Endesa, Iberdrola, Grupo Santander o Telefónica han aplicado con éxito esa fórmula. Y en otros países europeos como Francia, Italia o el Reino Unido las Administraciones están desinvirtiendo en activos inmobiliarios no estratégicos, con los que obtienen financiación añadida para infraestructuras y gasto público, racionalizan el uso de superficies públicas y favorecen el crecimiento económico.
En España no termina de plantearse una reflexión general sobre cómo optimizar la gestión pública de inmuebles. No se trata, ni mucho menos, de la vieja polémica sobre si conviene privatizar o no, porque la fortaleza del sector público no puede depender de los metros cuadrados de oficinas que se posean. Tampoco tiene que ver con la venta arbitraria o indiscriminada de edificios. Muy al contrario, un plan selectivo para optimizar la gestión de edificios públicos valdría para racionalizar los usos, para aligerar balances con un significativo ahorro de costes operativos, y para obtener recursos financieros añadidos para políticas sociales, por ejemplo. Al igual que ha sucedido en empresas y corporaciones privadas.
Los recursos financieros que podrían conseguirse no son despreciables. Por citar un caso, sólo el valor de la edificabilidad de los Nuevos Ministerios en Madrid equivale a 1.700 millones de euros. Convendría plantearse por tanto si interesa mantener inmovilizado ese valor, a pesar de sus escasas dotaciones tecnológicas, su dudoso aprovechamiento de los espacios y su riesgo de quedar obsoleto, o si valdría más sacarlo al mercado.
Con el análisis de activos inmobiliarios y su previsible evolución pueden descubrirse espacios redundantes o en desuso, cuya desinversión estructurada proporcionaría una importante fuente de ingresos públicos para financiar gasto social, infraestructuras y servicios.
La eficiencia actual por metro cuadrado de los Nuevos Ministerios podría distar mucho de ser la óptima. De hecho, puede ser claramente discutible la necesidad de mantener el Paseo de la Castellana como lugar de trabajo administrativo. Incluso cabría considerarlo un lujo difícil de asumir. Y existen muchos otras ubicaciones administrativas en la Castellana. Emplazamientos como el de Defensa en Colón, junto a Castellana y Alcalá, o el de Castellana 2 y 4, o el de la Junta de Jefes del Estado Mayor en Castellana junto a San Juan de la Cruz, o el del Ministerio de Economía y Hacienda son susceptibles de la misma consideración.
Existen fórmulas mensurables y objetivas de medir la eficiencia por metro cuadrado de los edificios de la Administración, de manera que podría establecerse cuándo resulta cuestionable mantener edificios de oficinas o de archivos en zonas céntricas, o cuándo se desaprovechan recursos significativos y se mantienen superficies obsoletas.
En definitiva, cabe plantearse la auténtica eficacia de mantener inmuebles céntricos no representativos, cuya eficiencia por metro cuadrado resulta dudosa. Parece difícil gestionar edificios sin atender al valor de su ubicación.