Se ha dado el primer paso
El Plan de Prevención del Fraude Fiscal presentado por el Gobierno pone de manifiesto las carencias de la Administración, que en muchos casos pueden superarse con mejor coordinación de los órganos administrativos, según el autor, que se incorpora al Debate Abierto en Cinco Días
La Agencia Estatal de Administración Tributaria publicó el 29 de noviembre pasado el borrador del Plan de Prevención del Fraude Fiscal. Este plan pretende fijar los objetivos de actuación de la Administración Tributaria para los próximos años, a la vez que genera un efecto anuncio, intentando que se corrijan algunas prácticas irregulares de los contribuyentes. Se trata de un documento extenso (194 páginas), en el que se analizan tanto situaciones de fraude existentes en nuestra economía como las medidas que se pretenden adoptar.
El Plan se estructura en dos niveles. El primero plantea una corrección de los problemas estructurales y fija los principios básicos de actuación. El segundo define medidas específicas atendiendo a la tipología del fraude detectado. Algunas de estas medidas exigen modificaciones legislativas que, lógicamente, exceden de las competencias de la Agencia Tributaria. Otras deberían ir acompañadas de un refuerzo de los medios materiales y humanos de los que dispone la Agencia Tributaria para asegurar su implantación. Sin embargo, nada se propone al respecto. La práctica administrativa, al igual que sucede en toda gran organización, tiene una inercia que exige mucho esfuerzo para cambiarla.
El Plan se orienta hacia evitación de las conductas más reprochables e insolidarias, manifestadas en incumplimientos sistemáticos, las tramas organizadas para defraudar y, en general, las conductas dolosas y de abuso de la norma tributaria. Destaca, asimismo, el interés por detectar con la mayor celeridad los supuestos de fraude, para corregirlos con rapidez y evitar su generalización.
Sólo con una investigación policial coordinada con la inspección tributaria se perseguirá eficientemente el fraude
Dentro de los muy diversos aspectos abordados por el Plan de Prevención del Fraude como principales líneas y planes de actuación destacan un especial control en el sector inmobiliario, la persecución de las tramas organizadas de fraude en el IVA y en los Impuestos Especiales, la lucha contra el blanqueo de capitales, el seguimiento de los contribuyentes sujetos a módulos y el acecho a la ingeniería fiscal.
Para ello la Administración tributaria aumentará su presencia fuera de las oficinas de la inspección, y se propone establecer un incremento sustancial de colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y un seguimiento exhaustivo de los contribuyentes de riesgo.
Se trata pues de un Plan que puede ser aparentemente muy ambicioso y que se ha permitido publicitar en el mismo unas 300 medidas para atajar el fraude en España. Cierto es que la mayor parte de los riesgos a los que se refiere el documento no sólo eran conocidos antes del Plan, sino que las medidas propuestas llevan también tiempo aplicándose.
Esto no significa que el Plan no sea un documento interesante. Sirve para poner de manifiesto las carencias de la Administración, carencias que en muchos casos pueden superarse normalizando las actuaciones, estableciendo protocolos y, sobre todo, asegurando una mejor coordinación de los órganos administrativos entre ellos y con el resto de la Administración o con otras Administraciones públicas. Sirve también para señalar las insuficiencias de nuestro sistema legal y proponer medidas de modificación normativa que, lógicamente, deberán ser analizadas con un mayor detenimiento.
El primer paso, la detección de la realidad y la fijación de las medidas, se ha dado. Falta que la propia Administración Tributaria, de la que destacados miembros ya han mostrado sus reticencias al Plan de Prevención del Fraude Fiscal, se convenza y, sobre todo, convenza a quienes son los destinatarios, los propios contribuyentes.
Así como que la coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se produzca lo antes posible de forma efectiva, ya que únicamente con técnicas de investigación policial coordinadas con las actuaciones de inspección clásicas efectuadas por la Administración tributaria, se podrá perseguir eficientemente el fraude fiscal.
Suponiendo que todas las premisas anteriores se cumpliesen, el Plan sería efectivo, pero eso no significa que vaya a ser suficiente para erradicar o reducir sustancialmente el fraude fiscal a corto plazo, ya que para ello además se necesita un largo período de tiempo y una profunda concienciación social que también precisa de un cierto periodo de tiempo para su arraigo social.