Los expertos recomiendan más poder para los municipios en VPO

Los expertos consultados por la Comunidad de Madrid aconsejan que sean los municipios y no los Gobiernos regionales los que fijen el porcentaje de suelo destinado a vivienda protegida. La comunidad ya tiene en sus manos la base sobre la que se asentará su nueva Ley del Suelo, convirtiéndose así en la primera región que reformará su actual marco normativo, para tratar de frenar el actual boom de precios inmobiliarios.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, presentó ayer las principales conclusiones del documento que ha elaborado la comisión de expertos encargada de diseñar cómo debe ser la nueva ley de suelo de la región, la primera norma de carácter autonómico que se reformará en todo el territorio nacional.

Los expertos consultados por la comunidad sugieren que las administraciones locales (municipios) deben tener más autonomía en el proceso urbanístico. Incluso, sugieren que deberían ser ellas (no los gobiernos regionales) quienes fijen, entre otras cuestiones, qué porcentaje de terrenos sobre el total de promoción pública deben ser destinado a vivienda protegida (VPO), ya que la demanda de esta clase de casas no es uniforme en todos los municipios de la región.

Es muy probable que esta recomendación levante una fuerte polémica. De momento, Esperanza Aguirre puntualizó ayer que el porcentaje del 50% que establece la ley actual (la mitad del suelo destinado a promoción pública va VPO) debe ser el marco de referencia también para el futuro, si bien la presidenta no eludió abrir un próximo debate sobre este punto.

La comisión madrileña reclama un máximo de dos años para aprobar un plan urbanístico

La comisión, por otra parte, no se hace eco de una de las principales demandas de los promotores: la disminución o eliminación de las cesiones obligatorias de suelo a los municipios a las que ellos están sujetos por ley y que alcanza el 10% del suelo de cada promoción. La comisión de expertos aboga por mantener intacto dicho porcentaje.

El documento presentado ayer establece tres tipologías de suelo: el no urbanizable, el urbano y aquél que es 'apto para urbanizar', proponiendo continuar salvaguardando el terreno catalogado como protegido, y que supone el 65% del territorio de Madrid. En este sentido, los expertos calculan que al ritmo que se está construyendo, en 50 años no quedará suelo urbanizable en la Comunidad.

Además, con el objetivo de frenar la especulación urbanística, los expertos proponen al Gobierno regional que habilite una página web en la que cualquier ciudadano pueda obtener información en tiempo real sobre la situación en que se encuentra el suelo por el que esté interesado. El dictamen va más lejos al asegurar que la Comunidad deberá obligar por ley a los ayuntamientos a que le faciliten esos datos. Otra de las propuestas estrella del documento es la fijación de plazos improrrogables para realizar los trámites del proceso urbanístico. Por ejemplo, fija un límite de 24 meses para redactar y aprobar un plan general de ordenación urbana.

'El objetivo es reducir a la mitad el proceso urbanizador, que en la actualidad puede alcanzar los 15 años, aunque la media es de 10', explicó la presidenta ayer. También se apuesta por la supresión de trámites innecesarios y la extensión del silencio administrativo.

Los expertos estiman, asimismo, que es oportuno introducir una mayor competencia en la ejecución urbanística del suelo apto para urbanizar, por lo que reclaman que se potencie la figura del agente urbanizador, que permita evitar la retención especulativa de suelo. Este agente, que se introdujo por primera vez en la legislación valenciana, podrá ser el ayuntamiento o cualquier persona pública o privada que adquiera esta condición en concurso público. El grupo de expertos está presidido por el catedrático de Derecho Eduardo García de Enterría. Su dictamen será sometido ahora al consenso de agentes sociales, ayuntamientos y demás operadores del mercado para que éstos realicen sus aportaciones y pueda redactarse el proyecto de ley del suelo, cuyo trámite parlamentario está previsto que pueda comenzar después de Semana Santa.