Transparencia es progreso

La inversión en fondos ha demostrado ser una de las opciones más seguras que tiene el inversor español. No nos referimos aquí a su rentabilidad, que como sabemos puede conducirnos a importantes pérdidas dependiendo del tipo de fondo y el ciclo, sino a la seguridad de que nuestros ahorros no desaparecerán envueltos en algún escándalo financiero motivado por la avaricia y deshonestidad de determinadas personas. La seguridad jurídica y controles a los que esta sometida la industria de fondos de inversión son muy elevados, lo que lo hace un producto financiero de plena confianza.

Quizá una de las mejores pruebas de fuego llegó con el escándalo de Gescartera. Esta entidad tenía, entre otras cosas, una gestora que promovía y gestionaba un fondo de inversión, Gescartera Global, que resultó ser prácticamente el único activo financiero que se situó a salvo del desfalco y donde sus partícipes recuperaron el dinero que les correspondía a la valoración.

Esto son buenas noticias y ha contribuido al extraordinario desarrollo de la industria de fondos en España. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. Uno de los mayores escándalos financieros de los últimos años en EE UU ha tenido como protagonista a la industria de fondos. A finales de 2003 saltó a la palestra que algunos inversores habían estado realizando prácticas ilegales de lo que en terminología anglosajona se conoce como market timing y late trading contra fondos de inversión. Estos inversores habían especulado mediante la compraventa rápida de participaciones de fondos aprovechándose de diferencias horarias en los cierres de mercados de diferentes áreas geográficas, que tienen su efecto en el valor liquidativo del fondo. El resultado es que las operaciones de estos pocos inversores perjudicaba al resto de los partícipes del fondo. Afortunadamente, parece que no se han encontrado casos concretos de esta práctica en Europa o España. La industria española queda a salvo, en principio, de este tipo de operaciones ya que establece topes horarios a partir de los cuales se aplica al partícipe el valor liquidativo del día siguiente con lo que anula la posibilidad de especular contra el fondo. Es cada vez más común en los fondos de renta variable comisiones de reembolso suficientemente altas para disuadir estas prácticas.

Lo expuesto arriba no implica que en la industria española no se puedan estar dando situaciones que perjudiquen al partícipe de fondos y, en ocasiones, provenientes desde las propias gestoras. No estamos hablando aquí en absoluto de situaciones fraudulentas de gran calado pero sí de operaciones que pueden afectar las rentabilidades que termina recibiendo el inversor de fondos. La pasada semana conocimos que la CNMV ha enviado un escrito a Inverco, la patronal de las gestoras de fondos de inversión y pensiones, advirtiéndole sobre las prácticas que algunas gestoras realizan en operaciones intradiarias por las que asignan las partes o posiciones más exitosas a favor de unos fondos determinados en detrimento de otros. El objetivo de estas operaciones irregulares, que terminan perjudicando a los partícipes de los fondos desfavorecidos, es promocionar algunos fondos para que se coloquen en la parte alta de los rankings y sean potenciales candidatos a premios. También existen sospechas de que el coste de determinadas transacciones realizadas por fondos no son siempre los más bajos que podrían obtenerse en condiciones de libre competencia y conducen a mayores márgenes para las gestoras y menores rentabilidades para los partícipes que terminan soportando mayores gastos.

El reglamento de fondos, que se espera que entre en vigor este año, incluye disposiciones que benefician la transparencia para el inversor. Una de las más destacadas es la creación de un comité independiente que se asegurará de que la división entre gestora y depositario es efectiva. Otras disposiciones positivas son la obligación para las gestoras de publicar un nuevo informe semestral y proporcionar al inversor un folleto simplificado antes de la compra de un fondo que le informe sobre la política de inversión en una terminología comprensible y accesible para el ciudadano medio además del nivel de riesgo que se asume. Pero se echan en falta otras disposiciones y desarrollos indispensables para una industria desarrollada y madura. Entre las más destacadas está la publicación obligatoria del coste total que el inversor soporta en un fondo, puesto en contexto de la media de la categoría a la que pertenece el fondo.