La atención a dependientes exige 4.500 millones más en ocho años
La implantación de una nueva red de atención a las personas dependientes requerirá una inversión de 4.500 millones de euros en los próximos ocho años, que se sumarán a los 4.000 millones del gasto actual. Se crearán 300.000 empleos y una prestación de dependencia (que no será económica, sino de servicios) que el beneficiario pagará en función de su renta.
En España existen 1.125.190 personas con dependencia grave o severa y 1.657.400 que necesitan algún tipo de ayuda para realizar actividades de la vida diaria. En la actualidad, el 83% de los cuidadores son mujeres, generalmente de la familia, que realizan estas labores sin remunerar y que les impiden trabajar. Además, sólo seis de cada cien familias que cuidan a estas personas tiene apoyo de los servicios sociales.
El Gobierno pretende cambiar esta situación creando un Sistema Nacional de Atención a las Personas Dependientes. Ayer el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, entregó al Congreso de los Diputados el Libro Blanco de la Dependencia, elaborado por expertos y que servirá de base para elaborar un Proyecto de Ley, que el Gobierno quiere aprobar este mismo año.
Aprovechando los actuales servicios de atención pública, que ahora sólo llega al 6% de los hogares con un familiar dependiente, la ley pretende crear una mayor red de atención en los próximos ocho años. El Libro Blanco que maneja el Gobierno y que se discutirá con todos los agentes implicados cifra la inversión necesaria en 4.500 millones de euros adicionales a los 4.000 que ya gastan anualmente el Gobierno, las comunidades y los ayuntamientos en la atención a los dependientes. Las tres administraciones públicas serán las encargadas de gestionar la nueva red de asistencia.
La gran incógnita aún es de dónde se sacarán esos 4.500 millones, ya que Caldera se comprometió ayer a 'no subir impuestos ni elevar los costes laborales (cotizaciones sociales' para financiar esta nueva prestación de servicios.
Lo único que aclaró el Ministro es que será una financiación mixta. Parte lo costearán las administraciones públicas y otra parte el sector privado a través de un sistema de concesiones.
Hasta el momento se manejan entre los expertos varias modalidades para la financiación de la parte a cargo del sector público, pero la mayoría coinciden en que deberá costearse con impuestos, al menos de forma definitiva, aunque en un principio pueda recurrirse al excedente de cotizaciones sociales.
Caldera también dejó claro que las prestaciones -ayuda a domicilio, teleasistencia, centros de día y residencias- serán universales (todos los ciudadanos tendrán derecho a ellas) pero 'no gratis'. El ministro reiteró, además, que cada familia deberá pagar los servicios en función de su renta.
El equipo de Empleo sigue intacto
'El secretario general de Empleo no ha dimitido, va a seguir trabajando en su puesto mucho tiempo porque tiene mi total confianza y, lo que es más importante, la del presidente del Gobierno y lo digo con conocimiento de causa'. El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, respondió ayer así a las preguntas sobre una supuesta dimisión del número dos de Empleo, Valeriano Gómez, el martes pasado. 'No me presentó la dimisión', aseguró Caldera, quien recalcó que el secretario general de Empleo es una persona 'de excepcional valía'. Gómez, tuvo problemas de salud en septiembre, pero se incorporó después a las negociaciones del diálogo social.