El Ejecutivo sólo podrá frenar fusiones si dañan el interés general
Una Comisión Nacional de Defensa de la Competencia será la autoridad que velará por la libertad de mercado en España y absorberá tanto al Tribunal como al Servicio de la Competencia. Su presidente y vocales serán nombrados por el Gobierno tras audiencia en el Parlamento. La nueva Ley de Competencia respetará básicamente la normativa actual, pero modifica el control de las fusiones: las decide la Comisión y el Gobierno sólo podrá vetarlas en defensa justificada del interés general.
El vicepresidente segundo, Pedro Solbes, presentó ayer, junto al secretario de Estado de Economía, David Vegara, y la directora general de Competencia, Nadia Calviño, el Libro Blanco para la Defensa de la Competencia, en el que apunta las líneas básicas de la reforma del sistema español actual. El documento reconoce que España dispone de un sistema reglamentario aceptable, pero que debe ser perfeccionado para darle más agilidad administrativa y para acoger todos los cambios que se han incorporado en Europa en los últimos años.
En primer lugar propone un cambio de los instrumentos políticos y administrativos de defensa de la libre competencia, con la creación de una Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Este organismo integrará al Tribunal de Defensa de la Competencia y al Servicio de Defensa de la Competencia, y preservará 'la independencia entre la fase de instrucción y de resolución'. El actual presidente del Tribunal, Gonzalo Solana, agotará su mandato, que culmina el 29 de septiembre de este año.
El presidente de la Comisión y los 'tres o cuatro consejeros' de los que dispondrá serán nombrados por el Gobierno, pero tras una audiencia y examen en el Congreso de los Diputados. Pedro Solbes admitió la posibilidad de que los nombres fuesen consensuados por los partidos políticos.
La propuesta recogida en el Libro Blanco apunta la necesidad de explorar vías para 'agilizar la revisión de decisiones administrativas por los jueces para lograr una decisión firme en el menor tiempo posible, incluyendo la posibilidad de que exista un recurso en instancia única para determinadas decisiones'. Se analizan también posibles instrumentos para lograr una adecuada integración de los planos administrativo y judicial, para evitar duplicidades, y 'con la propuesta de aplicar de forma directa la normativa nacional de competencia por los jueces de lo mercantil'.
En materia de concentraciones empresariales la reforma persigue mantener el actual sistema de control, pero reforzando algunos instrumentos. Para ello propone que la Comisión de nueva creación sea 'el único órgano de análisis de concentraciones atendiendo a criterios de competencia y de eficiencia económica'; que 'tenga la última palabra con sus decisiones', y que el Consejo de Ministros sólo pueda vetar la decisión por 'criterios de interés general distintos de la competencia, y siempre que estén suficientemente motivados'.
Los criterios de defensa del interés general deben estar claramente tasados; el documento presentado ayer cita algunos de estos criterios: las garantías de los objetivos de regulación sectorial, el pluralismo informativo, la protección del medio ambiente, la libre circulación en el territorio nacional, la productividad de la industria nacional o el progreso técnico.
Fórmulas para perfeccionar el sistema
Dos meses de información pública antes de legislar
El Libro Blanco para la reforma de la Defensa de la Competencia presentado ayer por el vicepresidente del Gobierno estará dos meses a disposición de todos los agentes sociales y económicos para que hagan llegar a la Administración cuantas propuestas y correcciones crean oportunas. A partir de esos sesenta días, en torno al 20 de marzo, el Gobierno procederá a trasladar a proyecto normativo las modificaciones de la Ley de Defensa de la Competencia que presentó ayer a modo de propuesta, además de las que a lo largo del debate cuenten con el consenso general.
Clemencia para quien denuncie cárteles
Economía plantea mecanismos de clemencia o reducción de sanciones para aquellas empresas que proporcionen información sobre la existencia de un cártel o documentación que facilite su investigación y sanción. Quiere también eliminar la autorización singular obligatoria, a fin de alinear la normativa española a la comunitaria, y se propone el recurso directo de las decisiones de la comisión ante la jurisdicción contencioso administrativa, y se aplicará un nuevo sistema de infracciones en muy graves, graves y leves, y se aclararán los criterios para las sanciones.
Poder para impugnar normas nacionales
Además de reforzar los instrumentos para que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia analice y evalúe los efectos de las concesiones de ayudas públicas, la nueva ley quiere que tenga un papel relevante en la promoción pública de la defensa de la competencia, especialmente en las actuaciones del sector público, mediante la elaboración de informes, 'y la impugnación de actos o normas que afecten (dañen o menoscaben) a la competencia', procedan éstas de la Administración central, de las Administraciones autonómicas o de las locales.