El Gobierno impulsa un "único e independiente" regulador de la competencia

El Gobierno ha decidido impulsar la creación de un nuevo organismo regulador "único e independiente", que nazca de la fusión entre el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) y el Servicio de Defensa de la Competencia (SDC), que tendrá entre sus que tendrá entre sus facultades la de impugnar actos administrativos aprobados tanto por comunidades autónomas, como ayuntamientos y la propia administración central. El proyecto se configura a partir de un Libro Blanco para la reforma del sistema de defensa de la competencia, cuyo objetivo es reforzar todos los ámbitos de la ley vigente, adaptar la normativa española a la legislación comunitaria y superar la actual normativa, que data de 1989.

El texto estará en audiencia pública hasta el 20 de marzo, para que todos los sectores aporten sugerencias e ideas para preparar el proyecto de ley, cuya elevación al Parlamento está prevista para antes de finales de este año. El documento fue presentado hoy por el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, el secretario de Estado de Economía, David Vegara, y la directora general de Defensa de la Competencia, Nadia Calviño.

Esta reforma es una de las principales iniciativas del plan de medidas de política económica que el Gobierno quiere abordar a lo largo de la legislatura, con el fin de luchar contra determinadas limitaciones que, en su opinión, persisten en la economía española y mejorar la eficiencia, la productividad y el bienestar de la sociedad.

Principales novedades

En cuanto a las principales novedades, destaca la fusión del TDC y del SDC en una única Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, con el fin de obtener una mayor eficacia y celeridad del procedimiento, preservando la independencia entre la fase de instrucción y resolución. El órgano de decisión de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia estará formado por el presidente y por tres o cuatro consejeros, cuyos nombramientos los realizará el Gobierno previa audiencia por el Congreso de los Diputados.

Además, en el Libro Blanco se exploran vías para agilizar la revisión de las decisiones administrativas por los jueces para lograr una decisión firme en el menor tiempo posible, incluyendo la posibilidad de que sólo exista un recurso en instancia única para determinadas decisiones.

Asimismo, se propone un refuerzo de la coordinación con los reguladores sectoriales y se analizan los posibles instrumentos para lograr una adecuada integración de los planos administrativo y judicial, proponiéndose en particular la aplicación directa de la normativa nacional de competencia por los jueces de lo mercantil.

Prácticas restrictivas

Otro de los grandes objetivos es el refuerzo de los mecanismos para luchar eficazmente contra las prácticas más lesivas del bienestar general. Para ello, el Libro Blanco plantea la introducción de mecanismos de "clemencia", es decir, de reducción de las sanciones para aquellas empresas que proporcionen información sobre la existencia de un cártel o documentación que facilite su investigación y sanción.

También se plantea la eliminación de la autorización singular obligatoria, a fin de alinear la normativa española al nuevo modelo comunitario y se proponen cambios para reforzar la eficacia y agilidad del procedimiento en lograr el cese de la práctica restrictiva y, por tanto, de la infracción.

Además de la eliminación de duplicidades con la integración de servicio y tribunal, se propone el recurso directo de las decisiones de la Comisión ante la jurisdicción contencioso administrativo y se actualizan los mecanismos de sanción, optándose en concreto por una adecuada tipificación y graduación de las infracciones en muy graves, graves y leves, aclarándose los criterios para fijación de las multas.

Concentraciones

Por otra parte, se propone que la Comisión sea el único órgano de análisis de concentraciones atendiendo a criterios de competencia y de eficiencia económica, teniendo la última palabra con sus decisiones. De esta forma, el Consejo de Ministros sólo podrá vetar la decisión por criterios de interés general distintos de la competencia, suficientemente motivados. Además, se plantean cambios para reforzar los mecanismos de análisis y decisión, dando un mayor papel a las partes de la concentración con la presentación de compromisos y a los terceros en su valoración.

En cuanto a las ayudas públicas, se propone un refuerzo de los instrumentos para que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia analice y evalúe los efectos de su concesión.

Finalmente, el Libro Blanco plantea medidas para que la nueva Comisión tenga un papel importante en la promoción de la defensa de la competencia en la sociedad y, en particular, en las actuaciones del propio sector público, mediante la elaboración de informes.

Solana, hasta fin de mandato

Solbes ha indicado que esta reforma de la defensa de la competencia, que se expondrá ahora durante dos meses a información pública con el objetivo de que el Gobierno pueda aprobar una nueva ley antes de fin de año, no implica que tenga que nombrarse un nuevo presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia. En este punto, ha señalado que el actual responsable, Gonzalo Solana -presente en el acto-, está nombrado por un periodo determinado, y, tras agradecerle su trabajo, deseó que agote su mandato.

Por ello, ha dicho que aún es pronto para prejuzgar lo que sucederá una vez concluido el mandato de Solana, y recordó que, de momento, se trata de un 'Libro Blanco', que deberá convertirse en proyecto de Ley y pasar por el Parlamento, donde habrá un cierto debate sobre éste y otros puntos. Al mismo tiempo, ha señalado que esta propuesta para el TDC no tiene nada que ver con el funcionamiento de la Comisión Nacional de la Energía o la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, "que tienen su propio funcionamiento".