La comisaria "acoge favorablemente" las aclaraciones sobre el acuerdo de Izar
La comisaria de Competencia de la UE, Nellie Kroes, ha remitido una carta al Ministerio de Economía en la que asegura acoger "favorablemente" sus aclaraciones sobre la propuesta de división de las ramas de actividad civil y militar de los astilleros públicos de Izar.
Economía y Hacienda interpreta esta misiva como un "visto bueno" para "continuar con la operación" por la que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) pretende separar la rama civil y la militar de los astilleros de Izar y privatizar la primera de ellas.
El pasado 24 de diciembre, la comisaria expresó al vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, sus dudas de que el acuerdo alcanzado con los sindicatos sobre los astilleros Izar se ajustara a lo convenido en noviembre.
El acuerdo con los sindicatos preveía la inclusión en el perímetro militar de los centros de Fene, Ferrol, Cartagena, Puerto Real, San Fernando y Cádiz; mientras que la actividad civil se concentraría en Sestao, Sevilla, Gijón y la fábrica de motores de Manises.
Las dudas expresadas por la CE eran sobre la definición del perímetro de actividad de la futura empresa de construcción naval militar, donde los sindicatos exigían la inclusión de los centros de Fene y San Fernando.
Prejubilaciones en febrero-marzo
Mientras tanto, los sindicatos esperan que los trabajadores afectados por la regulación de empleo que se pondrá en marcha en los astilleros públicos dejarán sus puestos de trabajo entre el 15 de febrero y el 1 de marzo próximos.
Las negociaciones del citado plan, que afectará de manera obligatoria a 4.028 trabajadores de una plantilla de 10.661 personas, "van por buen camino", según los sindicatos. De hecho, esperan poder "despejar algunos interrogantes y cuestiones técnicas" en estos días y cerrar un "acuerdo definitivo" la próxima semana, que será ratificado por los comités de empresa de los astilleros afectados.
Una vez que el plan de empleo sea aprobado por las dos partes, se enviará a la Dirección General de Empleo (organismo dependiente del Ministerio de Trabajo), que contará con quince días para resolver el expediente y aprobarlo o denegarlo. Así las cosas, los sindicatos calculan que los trabajadores afectados por este ajuste de plantilla comiencen a abandonar sus puestos de trabajo entre el 15 de febrero y el 1 de marzo.