El consejo de Izar aprueba esta semana la quiebra
El final de la actual Izar está cada vez más cercano. Después de que la Comisión Europea notificara el viernes pasado la obligación de la compañía de devolver unos 1.100 millones de euros de ayudas ilegales recibidas por el Gobierno español, el consejo de administración se reunirá esta semana para declarar la quiebra.
En ese consejo se deberá convocar una junta general (en un plazo de dos meses) en la que los accionistas aprobarán la medida. Según las leyes mercantiles españolas, una empresa entra técnicamente en quiebra cuando sus fondos propios son negativos.
Esa es la situación en la que se encuentra actualmente la compañía, y está además imposibilitada para recibir nuevas inyecciones de capital al tratarse de una empresa de titularidad pública, tal y como lo establece Bruselas.
Hasta ahora, sólo está acordada la separación de la parte civil y la militar. En la primera se integrarán los astilleros de Sevilla, Gijón, Sestao y Manises, y los demás centros en la otra división.
Una vez que se disuelva la actual Izar, la SEPI creará una nueva sociedad que integrará los astilleros civiles. Pero esa empresa no podrá ser capitalizada con dinero público, sino que tendrá que ser el capital privado el que acuda a formar parte de su accionariado.
La nueva estructura societaria deberá ser acordada con los sindicatos, según establece el documento firmado entre éstos y la SEPI el pasado 17 de diciembre.
Así, después de la creación de las dos nuevas empresas, los astilleros volverán a la misma situación que antes de 1999, el año en que la SEPI (entonces presidida por Pedro Ferreras) decidió fusionar las dos divisiones.
Prejubilaciones
Paralelamente, a lo largo de este mes la nueva empresa militar será recapitalizada con unos 300 millones de euros procedentes de la SEPI. Además, el organismo deberá aportar otros 1.600 millones adicionales para iniciar el plan de prejubilaciones acordado también en el plan del 17 de diciembre.
Los sindicatos comenzarán a reunirse esta misma semana con el organismo público para iniciar las negociaciones y establecer qué trabajadores están afectados por la medida.