Malestar en el sector por el pago de la gestión de residuos nucleares
Las eléctricas han recibido 'con preocupación' la decisión del Gobierno de que paguen la gestión de los residuos nucleares. El coste asciende a 120 millones y, aunque las empresas dicen no tener constancia, Industria insiste en que se les ha comunicado
La patronal del sector eléctrico Unesa ha recibido 'con preocupación' la decisión del Gobierno de que las compañías internalicen a partir de abril el coste de la gestión de los residuos nucleares y del desmantelamiento de las centrales, modificando, así, el actual modelo de financiación a través de la tarifa eléctrica. Fuentes de la patronal aseguran que la noticia les ha pillado por sorpresa y que a mediados de esta semana se reunirán los expertos en energía nuclear para poder adoptar una posición.
De momento, el malestar se deriva de la necesidad de que las empresas tengan que detraer de su cuenta de resultados una cantidad nada desdeñable: más de 120 millones de euros, que es el presupuesto anual de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa). De esta cantidad, un 90% correspondería a Endesa e Iberdrola, pues es su porcentaje total de participación en la producción nuclear del país.
En las empresas insisten también en que no tienen información 'ni oficial ni concreta'. Sin embargo, fuentes cercanas al Ministerio de Industria aseguran que la intención de este departamento de que las empresas paguen el llamado segundo ciclo de combustible nuclear (tratamiento de los residuos) se les ha comunicado en varias ocasiones. El propio secretario general de la Energía, Antonio Fernández Segura, expresó esa intención a los consejeros delegados de Endesa, Rafael Miranda; de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán y Unión Fenosa, Honorato López Isla, en una de las reuniones que mantuvieron en diciembre.
Además, el subdirector general de Electricidad del Ministerio de Industria, Eduardo Ramos, así lo confirmó también en el consejo consultivo de la electricidad de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) del día 16 de diciembre, en presencia del director de Unesa, Pedro Rivero. En dicho consejo, en el que están representados la Administración, las empresas eléctricas y los consumidores, se debatió la propuesta de tarifa para 2005.
Precisamente, en el decreto que fija la tarifa de este año figura una reducción del 74% de la cantidad destinada a la gestión de residuos, hasta 29 millones de euros, lo que representa el presupuesto de un trimestre de Enresa. La intención de Industria es que las eléctricas paguen directamente a partir de abril. El hecho de que en el decreto no se especificara claramente esta intención es otro de los motivos de descontento de la patronal eléctrica, pues esta ocultación la consideran un engaño por parte del Gobierno.
Cambios legales
Pese a todo, a las empresas no les ha extrañado la medida, pues, aseguran en una de ellas, 'se trata de una vieja propuesta del actual presidente de Enresa', José Alejandro Pina, que ya ocupó la presidencia de esta compañía con el último Gobierno de Partido Socialista. En dicha etapa ya sostuvo que la gestión de los residuos radiactivos deben pagarla las empresas eléctricas, tal como ocurre en el resto de los países europeos, incluido Francia, que tiene un amplio parque nuclear. Según el proyecto del Gobierno, las eléctricas deberán pagar las cantidades correspondientes a través de la CNE. Por su parte, las empresas avanzan que será necesario calcular las necesidades de Enresa, teniendo en cuenta el dinero acumulado en el fondo del plan de residuos, que suma ya 1.880 millones.
Ante la necesidad de tener que modificar la ley del sector eléctrico de 1997, en la que se establece que la financiación de Enresa se realizará vía tarifa, Industria va a aprovechar la ley de medidas urgentes de fomento de la competitividad que elabora Economía y que se aprobará en este primer trimestre.
Además de este cambio, en materia eléctrica, la nueva ley incluirá medidas que faciliten el desarrollo del Libro Blanco, que abordará una reforma en profundidad del mercado. Entre otras, según fuentes cercanas a Industria, se modificará el mercado mayorista de la electricidad (pool) y se extenderá la garantía de potencia.