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Laboral

Trabajo rectifica y descarta la cláusula de revisión en el SMI

El Gobierno aprobará hoy una subida del salario mínimo del 4,5%, pero no la garantía de revisión si hay desviación en la inflación, pese a haberlo pactado con sindicatos y patronal. Las centrales consideran este cambio de última hora del Ejecutivo como una quiebra de la confianza en la negociación y piden la intervención de Zapatero. El SMI ha subido un 11,37% en seis meses.

Los sindicatos CC OO y UGT exigieron ayer al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que intervenga para restituir la confianza en el proceso de diálogo social, que ayer quedó interrumpido al retirar el Ministerio de Trabajo un acuerdo sobre el salario mínimo y que debía ser suscrito por las partes.

El documento, que empezó a negociarse en mayo en la Comisión de Seguimiento del Diálogo Social, incluía una subida para 2005 del 4,5% para el salario mínimo interprofesional (SMI), criterios para decidir sus futuras revalorizaciones y las características del nuevo Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), que será la referencia para acceder a prestaciones como becas o ayudas públicas.

Sin embargo, ayer, tras dos horas de reunión, los miembros de la Comisión de Seguimiento de Diálogo Social (CC OO, UGT, CEOE y Ministerios de Trabajo y Economía y Hacienda), se levantaron de la mesa sin firmar el documento.

El ministro de Trabajo explicó a los periodistas que el Gobierno aprobará hoy en el Consejo de Ministros el real decreto que incluye la subida del 4,5% del salario mínimo (tal y como se acordó en la Comisión), pero precisó que para aprobar el resto de las condiciones del documento consensuado, su Departamento 'necesita más tiempo para estudiarlo'.

Mantiene el compromiso

No obstante, según Caldera, el Gobierno mantiene su compromiso de que, para 2008, la cuantía del SMI sea de 600 euros mensuales y que 'ningún perceptor de esta renta pierda poder adquisitivo' aunque, insistió, 'la legislatura es muy larga' y 'es necesario más tiempo para concretar cómo hacerlo'.

Sin embargo, el secretario de Acción Sindical de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, explicó que el documento estaba 'absolutamente cerrado', ratificado por los órganos de dirección de los sindicatos y sólo pendiente del 'acto formal' de la firma. Por ello, advirtió al ministro de Trabajo de que los sindicatos no volverán a renegociar 'nada' y mucho menos cuando el Gobierno ha retirado el documento de la mesa 'sin una explicación mínimamente racional'.

Este hecho 'insólito', añadió, ha generado 'un clima de absoluta desconfianza' y de 'falta de fiabilidad' por parte del Gobierno porque 'no es de recibo que un acuerdo se rompa unilateralmente' momentos antes de su firma. El secretario de Acción Sindical de UGT, Antonio Ferrer, calificó la actuación del Gobierno de 'sorpresiva y decepcionante'.

El SMI ha subido un 11,37% en los seis últimos meses (un 6,6% en julio y un 4,5% desde el próximo día 1), y el Gobierno quiere llevarlo hasta 600 euros mensuales en la legislatura. Desde el próximo 1 de enero la cuantía será de 512,9 euros mensuales, y de 460,5 la del índice de prestaciones.

Cuevas alerta del efecto sobre el IPC

El presidente de la CEOE, José María Cuevas, manifestó su preocupación ante la posibilidad de que la subida del salario mínimo interprofesional genere un mayor crecimiento de los precios en determinadas actividades.Cuevas subrayó que el SMI debe revisarse 'de forma eficaz y generosa' en cuanto a renta laboral mínima, pero insistió en que le preocupa que la elevación de su cuantía dé lugar a tensiones inflacionistas. 'Tenemos que ver cómo acotar el riesgo de que pueda producirse un mayor crecimiento de los precios como consecuencia del tratamiento del SMI, porque hay un impacto directo en otras actividades que no son los salarios. Esa es la preocupación que hemos expresado y que seguimos expresando', argumentó.Por otra parte, los secretarios generales de CC OO. y UGT, y los presidentes de CEOE y Cepyme suscribieron hoy el III Acuerdo de Solución Extrajudicial de Conflictos, por el que empresarios y sindicatos confían la resolución de los conflictos laborales a árbitros y mediadores, evitando así la intervención judicial y las posibilidades de llegar a la convocatoria de huelgas.

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