Endesa, Industria y los efectos del Protocolo de Kioto
Tras su nombramiento como secretario general de la Energía, Antonio Fernández Segura se encontró con dos arduas tareas: elaborar un Plan Nacional de Asignación (PNA) de derechos de CO2 para dar cumplimiento a la directiva europea sobre mercado de emisiones y negociar un nuevo Plan del Carbón para después de 2006. Fernández Segura tuvo claro desde el principio que ambos planes iban asociados y los quería negociar en paralelo. Sin embargo, al final, la confluencia casi milimétrica de los dos (hoy acaba el periodo de alegaciones del PNA y el ministerio firma un acuerdo sobre el carbón con los sindicatos mineros y la patronal del sector, Carbunión) ha acarreado a Industria serios inconvenientes.
El ministerio que dirige José Montilla ha acusado abiertamente a Endesa (que niega la mayor) de haber encendido los ánimos de los sindicatos en las reuniones que ha mantenido con ellos para informarles sobre los efectos que va a tener sobre sus centrales de carbón la aplicación del plan de asignación. La eléctrica consume el 40% del carbón nacional y las previsiones del PNA apuntan a una reducción progresiva de la generación con este combustible de 6.000 horas a 4.000 horas anuales.
El reparto individual de los derechos de emisión de CO2 se dio a conocer el pasado 19 de noviembre. Tras el primer reparto global de julio, que dejó aparentemente satisfechas a las empresas y abría una tregua en la guerra abierta desde finales de 2004 entre las eléctricas, las nuevas asignaciones fueron un auténtico jarro de agua fría para Endesa.
Al ver las correspondientes a cada planta, los responsables de la primera eléctrica española, cuyas centrales térmicas emitieron entre 2000 y 2002 algo más del 50% del dióxido de carbono del sector mientras sólo recibía un 47% de los derechos globales (86,4 millones de toneladas frente a unas emisiones previstas oficialmente de 94 millones), se vieron ante el dilema de enfrentarse abiertamente al Gobierno o negociar discretamente durante el periodo de alegaciones.
El pulso
En una primera reunión con Fernández Segura, que pide con insistencia a las empresas del sector 'que reduzcan la presión mediática', Endesa obtuvo un aplazamiento de la fecha límite para las alegaciones, que en principio duraba sólo una semana. Sin embargo, el hostigamiento de las zonas mineras, tras el cual Industria ve la sombra alargada de Endesa, ha provocado la irritación de altos cargos del ministerio. Hasta tal punto, que José Montilla llegó a convocar al presidente de la eléctrica, Manuel Pizarro, a una reunión, cuyo contenido no se ha desvelado.
El pulso entre el ministerio y la empresa tiene dos vertientes: una política y otra empresarial. Desde el punto de vista político, Manuel Pizarro, uno de los presidentes de empresas privatizadas nombrados por el PP, se ha situado en el punto de mira. Con la irritación que ha provocado la supuesta actitud de la eléctrica en la batalla del carbón a altos cargos energéticos de Industria, alguno ha llegado a sugerir un recambio en la presidencia de la compañía.
Desde la óptica empresarial, Endesa, que nunca sospechó que resultaría tan perjudicada en términos relativos por el plan definitivo de asignación, está dispuesta a llegar hasta el final del proceso, pues es la empresa europea que más derechos deberá pagar. No tanto por las consecuencias económicas de la compra de derechos a corto plazo, pues mantener el actual nivel de emisión le costará 50 millones de euros, como por los efectos a largo plazo. Además, Endesa y el resto de las eléctricas que producen con carbón, Fenosa, Viesgo y, sobre todo Cantábrico, denuncian que la apuesta que el Gobierno hace por el gas ha llegado tan lejos que el próximo año (así lo fija el decreto de tarifas) se otorgarán derechos a ciclos combinados que no llegarán a a funcionar, lo que beneficiará especialmente a Gas Natural.
Segura pide discrección
El secretario general de la Energía, Antonio Fernández Segura, ha pedido a las empresas del sector que reduzcan la 'presión mediática', especialmente, con las negociaciones sobre el plan de asignación y el plan sobre el futuro de la minería del carbón
Acuerdo con los sindicatos mineros
El ministro de Industria, José Montilla, firma hoy con la Federación Minerometalúrgica de CC OO, FIA-UGT y la patronal del sector, Carbunión, un acuerdo sobre la situación actual y previsiones de la minería del carbón en España. Según los sindicatos, el acuerdo recogerá el compromiso del Gobierno de garantizar los niveles de consumo de carbón autóctono establecidos en el actual plan de la minería, de manera que no se vea afectado el sector minero por la aplicación del Protocolo de Kioto. De esta manera, se pretende garantizar el cumplimiento de los contratos de compra de carbón nacional con independencia del Plan Nacional de Asignación (PNA) de emisiones aprobado, e incluye el compromiso de negociar entre las partes implicadas para acordar un nuevo plan para 2006-2012.Montilla ya explicó recientemente el Congreso que la reducción de emisiones contaminantes 'no afectará a la producción de carbón nacional'. Sin embargo, las empresas eléctricas, que presentan hoy sus alegaciones al PNA, recuerdan que el carbón nacional (lignitos) sólo se puede utilizar mezclado con los de importación por el alto nivel de azufre que tiene.Por otro lado, pese a que hoy se presentan las alegaciones, Bruselas, evalúa y aprueba hoy el plan de asignación español, según informó la semana pasada el Ministerio de Medio Ambiente.