Aquí no hay quien pague

Hace unas semanas los medios de comunicación publicaron una noticia referente a una conocida cantante folclórica. Esta vez, en lugar de airear asuntos relacionados con la prensa del corazón, revelaron que la popular tonadillera había sido condenada por la Audiencia Provincial de Málaga a pagar 92.000 euros que adeudaba a la constructora que había realizado determinadas obras en uno de los negocios propiedad de la demandada.

Al parecer la cantante rompió unilateralmente el contrato que tenía con la constructora y se negó a pagarle, alegando deficiencias graves en las obras realizadas. Sin embargo los magistrados de la Audiencia Provincial no han aceptado dichas alegaciones y condenaron a la folclórica a hacer frente a los 92.000 euros.

En otras latitudes esta noticia no sería más que una anécdota sin trascendencia, y lo único negativo sería la repercusión social de la noticia, dada la notoriedad de la deudora, ya que no constituye un buen ejemplo para la sociedad sobre el comportamiento de pagos que han de tener ciudadanos y empresarios. Pero desafortunadamente la morosidad es un fenómeno muy extendido en España. Según los registros de morosos, existen en España más de 1,1 millones de ciudadanos han tenido deudas impagadas con entidades bancarias y con empresas de servicios. Teniendo en cuenta sus 42,2 millones de habitantes, el resultado es más que preocupante, ya que aproximadamente tenemos un moroso por cada cuarenta ciudadanos.

En España son las Administraciones públicas las más lentas en saldar las deudas con sus proveedores

Pero lo peor es que estos datos son seguramente la punta del iceberg, ya que únicamente van a parar a los registros de morosos determinadas deudas, pero muchos otros débitos impagados escapan al control y no figuran en bases de datos. Por consiguiente, existe una masa indeterminada de morosos que está medrando y que escapa a cualquier censo estadístico.

En cuanto a las empresas, el número de sociedades morosas está en torno a las 210.000. En España existe aproximadamente un millón de empresas obligadas a depositar sus cuentas anuales, por lo que si tomamos esta cifra como base, el 21% de las empresas figura en registros de morosidad. Y si prefieren comparar el número de morosos con otra magnitud, en España en el año 2003 se constituyeron 124.057 nuevas empresas, por lo que el número de compañías morosas es muy superior a todas las empresas creadas en un año.

Y lo dicho para los consumidores, también es válido para las empresas, ya que muchas situaciones de morosidad no están registradas en bases de datos, por lo que hay muchos más morosos que no están fichados en ningún registro.

La morosidad es un fenómeno difícil de erradicar, puesto que forma parte de las costumbres del país y ha existido enraizada en la tradición española hace siglos, por lo que únicamente con cambios legislativos no será posible acabar totalmente con el problema.

La sociedad española ha sido siempre muy tolerante con los morosos e incluso existe cierta simpatía hacia el 'morosillo' que huye y esquiva hábilmente a sus acreedores. En el fondo a lo largo de la historia siempre han existido aprovechados que medran a costa de no pagar a sus acreedores.

La cultura empresarial y las costumbres de pago son un factor muy importante, puesto que en muchos casos son el principal generador de morosidad. En España no existe una cultura empresarial que fomenta el pago puntual y hay empresas que no dan prioridad alguna a tener perfil de buen pagador, por consiguiente no supone ningún objetivo estratégico para ellas, por lo que no se han implantado políticas de atender puntualmente los pagos a proveedores.

Y lo peor es que en España son las Administraciones públicas las que peor pagan a sus proveedores. Vale la pena decir que entre los organismos públicos que más se retrasan a la hora de abonar sus facturas figuran varias comunidades autónomas. En algunas autonomías, como es el caso de Valencia y Andalucía, los retrasos en pagar a los proveedores son superiores a los dos años, cuando la ley obliga a las Administraciones a pagar a los 60 días. Este fenómeno ha disparado las demandas judiciales contra las Administraciones autonómicas por parte de los proveedores de material sanitario y de laboratorios, cansados de esperar durante años el cobro de sus facturas.

Ahora bien, hablando de temas relacionados con la justicia, hace algunas semanas los jueces sustitutos presentaron al Ministerio de Justicia una reclamación urgente para cobrar sus nóminas atrasadas de varios meses. Mal asunto si en España hasta los jueces sufren la morosidad.