Las ITV de Madrid piden al Gobierno que reconsidere la liberalización del sector
La Asociación de Entidades de la Comunidad de Madrid para la Inspección Técnica de Vehículos (AEMA-ITV), advirtió ayer que la liberalización del sector prevista por el Gobierno español conllevará una pérdida de calidad en un servicio de una 'especial sensibilidad', según el presidente de la organización, Julio Tejedor.
Según el directivo, el régimen de autorizaciones provocará, por un lado, que caiga la calidad del servicio, ya que la competencia podrá conllevar que se rebaje las exigencias a cada vehículo. Además, los centros se concentrarán en las zonas con un parque mayor. El régimen de autorizaciones, según Tejedor, ya cuenta con un 'mal precedente' entre 1982 y 1985, situación que llevó a instaurar las concesiones.
En el año 2000, un Real Decreto del Gobierno del PP ordenaba que se liberalizaran el servicio de inspección de vehículos mediante la sustitución de las concesiones por las autorizaciones. æpermil;stas se conseguirían si el aspirante acreditaba una instalación cuyos requisitos técnicos fijados por un nuevo real decreto.
Sin embargo, tuvieron que pasar tres años hasta que se fijaron estas condiciones. Cuando se aprobó, el texto reconoció a las comunidades autónomas el poder para suspender las autorizaciones hasta que finalice el plazo de las concesiones actuales.
La situación actual varía de una comunidad a otra, ya que son éstas quienes tienen transferido este servicio. Cinco comunidades han recurrido al Constitucional esta liberalización. En Cataluña, la Generalitat suspendió la prórroga de las concesiones de ITV decidida por el anterior Gobierno de CiU. Andalucía, tiene previsto que sea una empresa pública, Veiasa, la que asuma la gestión a partir de 2007.
AEMA, por ello, cree que el Gobierno podría replantearse la liberalización, ya que fue precisamente un Gobierno del PSOE el que instauró el régimen vigente en 1985. Tejedor, por otro lado, considera que el sector de las inspecciones no está 'injustamente valorado'. 'Se desconoce nuestra función social, tanto para el medio ambiente como para la seguridad vial', asegura el directivo. En Madrid operan cuatro empresas privadas con 392 empleados.