Los altos cargos deberán publicar sus bienes y derechos patrimoniales
Los altos cargos de la Administración del Estado deberán hacer pública su declaración de bienes y derechos patrimoniales, que serán expuestos en el BOE. Esta es una de las principales novedades de la reforma del régimen de incompatibilidades presentada ayer por el Gobierno, que prohibe a los altos cargos recibir remuneraciones ajenas a su puesto público y les exige depositar sus inversiones mobiliarias en 'fondos ciegos', para que sean administradas sin su conocimiento. Con esta medida se pretende evitar que alguien pueda aprovecharse de información privilegiada para obtener rendimientos económicos.
El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, presentó ayer un Anteproyecto de Ley que enfatiza el aspecto sancionador: quienes infrinjan el régimen de incompatibilidades no podrán ser nombrados de nuevo para el mismo cargo en un periodo de diez años, y la sanción será publicada en el BOE.
Se trata, en palabras de Jordi Sevilla, de regular 'no sólo lo que es legal e ilegal, sino también lo que es correcto e incorrecto'. El Gobierno quiere así 'responder a la exigencia social' de aplicar conductas de buen gobierno a todos los altos cargos de la Administración del Estado y a los mandatarios de las empresas públicas y los órganos reguladores.
Incompatibilidad estricta
De salir adelante la reforma, que tendría rango de ley orgánica, los altos cargos deberán ejercer sus funciones con dedicación absoluta y no podrán compatibilizar su actividad con cualquier otro puesto público o privado. Tampoco podrán trabajar en empresas relacionadas con su cargo en los dos años siguientes al cese, a cuyo efecto se constituirá un 'observatorio de conflictos de intereses'. A excepción de los miembros del Gobierno y secretarios de Estado, no podrán aceptar cargos en órganos de dirección de partidos políticos. Se exige además austeridad en el uso del poder, evitando 'cualquier manifestación ostentosa que menoscabe la dignidad del cargo'. Se prohibe aceptar regalos 'más allá de los usos habituales de cortesía'.
Otra de las reformas propuestas afecta al acceso a los cargos: los titulares de determinados órganos constitucionales y otros organismos reguladores deberán comparecer en el Parlamento antes de ser nombrados. Entre ellos se incluyen los vocales del Consejo General del Poder Judicial y los miembros del Tribunal Constitucional y el de Cuentas. En aras al 'acercar la Administración', se elimina el tratamiento protocolario de los altos cargos, que se denominarán oficialmente con señor/señora, seguido del cargo que ocupen.