Una fiscalidad con freno y marcha atrás
El Gobierno no ha medido con reposo las consecuencias de una posible reducción de los beneficios fiscales a los planes de pensiones, según la autora. En su opinión, es una posibilidad inquietante en un país que figura a la cola de Europa en ahorro-previsión
Hay que reconocer que el discurso público de los gestores del ahorro (instituciones de inversión colectiva y aseguradoras, principalmente) es muy aburrido por repetitivo. Hace ya bastantes años que estamos diciendo las mismas cosas y sería lícito que alguien pensase que eso es síntoma de un discurso caduco y falto de ideas. Aunque no hay tal: si nos repetimos es porque, desgraciadamente, todo indica que volveremos a tener en el 2005 exactamente los mismos problemas que tuvimos cinco, diez o quince años antes.
Se nos anuncia, por cierto mediante una intervención pública en la que no medió contacto privado alguno de carácter previo, una progresiva 'suavización' de los beneficios fiscales del ahorro a largo plazo, especialmente la reducción en base imponible de planes de pensiones y planes de previsión asegurados. O sea, parafraseando a Jardiel, freno y marcha atrás a mitad de camino, además.
En términos de ahorro-previsión, los beneficios fiscales de los planes de pensiones y de previsión asegurados son muy jóvenes. Una persona que hoy se esté jubilando con 65 años tenía 48 en 1987, cuando nacieron los planes de pensiones. El 63% de los actuales partícipes de planes de pensiones individuales (los afectados por el cambio fiscal) alcanzará los 65 años de edad, como muy pronto, en el año 2015. Estamos hablando de cuatro millones de personas (esto sin contar 1,8 millones más entre 50 y 60 años) que, en este momento, se sentirán entre la espada de una fiscalidad que cambia el paso (o eso anuncia) a mitad de camino y un producto ilíquido, es decir, por definición irrecuperable hasta la jubilación, salvo que medie en el ciclo vital algo dramático (enfermedad grave o desempleo de larga duración).
El ahorrador que experimenta cambios y más cambios en el tratamiento fiscal del ahorro aprende que ahorrar es una mala decisión, porque el sistema fiscal da y quita con el tiempo
¿Qué es lo que hará el Gobierno? Porque, una vez que suavice los beneficios fiscales de planes de pensiones y planes de previsión asegurados, se encontrará ante dos posibles actuaciones a cual peor: o bien mantener la iliquidez de estos productos o bien permitir su recuperación, dado que han perdido beneficios fiscales.
La primera de las opciones sería una forma suave de corralito financiero: primero se estimula la inmovilización de recursos en forma de ahorro a largo plazo y después se retira el estímulo, pero sin permitir la recuperación de los recursos. Pero la segunda es todavía peor, porque en una sociedad como la española que, como es totalmente obvio, existe un déficit de ahorro tanto cuantitativo (se ahorra poco) como cualitativo (se ahorra mal), ¿acaso soportaremos una mayor reducción del ahorro-previsión por la vía del rescate masivo de fondos de pensiones?
Un beneficio fiscal es un mensaje. Significa que el Gobierno apuesta por el destino de rentas en la actuación objeto de beneficio, bien porque sea justo (las personas que cuidan a un minusválido, por ejemplo), bien porque sea virtuoso (como es el caso del ahorro finalista a largo plazo).
Retirar el beneficio fiscal, por muchas razones técnicas que se aduzcan, significa, simple y llanamente, enviarle al contribuyente el mensaje de que el Gobierno ya no apuesta por ese destino para el dinero. En el caso del ahorro, ocurre el agravante de que no pocas decisiones de este tipo se toman a 10, 15, 20 o más años. El ahorrador que experimenta, en dicho plazo, cambios y más cambios, marchas adelante y atrás, en el tratamiento fiscal del ahorro, aprende rápidamente que ahorrar es mala decisión, porque el sistema fiscal da y quita con el tiempo.
El Gobierno no puede haber medido con reposo las consecuencias de esta posible medida. España está a la cola de la Europa desarrollada en ahorro-previsión; la decisión ahora anunciada tendría lógica en sistemas que han alcanzado determinados niveles de saturación tras décadas de mantener beneficios fiscales al ahorro, lo cual bien puede ser el caso de Reino Unido, Francia u Holanda, pero no de España. España necesita ahorrar mucho más de lo que ahorra y la respuesta a este reto dada por el poder público es anunciar la 'suavización' de un sistema de beneficios fiscales que incentiva el ahorro por otro en el que será el contribuyente el responsable de tomar la decisión de ahorrar.
¿Ha anunciado el Gobierno medidas en paralelo para concienciar a la sociedad sobre la necesidad y virtudes del ahorro? No. ¿Ha afirmado estar dispuesto a promover que el diálogo social coloque este asunto en la primera fila de la negociación colectiva? No. ¿Ha demostrado, por lo tanto, preocupación por elevar una cultura del ahorro que en España, números cantan, es muy baja? No.
Lo único que ha hecho ha sido anunciar que piensa 'suavizar' el apoyo fiscal al ahorro. En el estado actual de las cosas, o mejor debería decirse de las declaraciones, resulta un anuncio inquietante, sobre todo porque, cuando menos de momento, no nos han contado toda la historia.