La figura del 'becario' en la investigación
La figura del becario, referida a licenciados y otros titulados, debe de desaparecer. Una cosa son las verdaderas becas ligadas a una política de igualdad de oportunidades para poder acceder o realizar estudios y otra la de determinados organismos públicos y empresas, que teniendo personal a su cargo, en lugar de realizar un contrato laboral acorde a la legislación vigente recurren a esa figura, la beca, que es anacrónica y no responde a la lógica de unas relaciones contractuales modernas. La beca es una gracia adosada a la legalidad, pero es ilegítima ante la posibilidad de realizar por las mismas circunstancias, remuneración, dedicación y empresario, contratos laborales.
Actualmente, hay fraude de ley cuando empresas poco escrupulosas, intentando camuflar relaciones laborales, con ingeniería social, sustituyen lo que serían contratos de interinidad en el verano, o de formación o prácticas con esa figura que no supone relación laboral, no cotiza a la Seguridad Social y, por supuesto, carece de los devengos de desempleo y jubilación.
Las empresas demandan en anuncios 'becarios' y los trabajadores, ante la necesidad y el atributo que se les concede de ser un paso previo para poder entrar posteriormente en la empresa con un contrato, acceden a esa provisionalidad explotadora.
La Administración abusa de esta figura y da la coartada al sector privado. Desde muchas instancias se ha reclamado que los investigadores, desde el principio de su acceso a los centros de investigación y universidades deben tener contrato laboral, aunque sea temporal por obras y servicios. Si son tareas estructurales, tal como muchas sentencias han dictado en institutos de análisis e investigación, se deben hacer contratos de interinidad hasta que no se resuelvan las pertinentes oposiciones.
De otro modo, se deben sustituir esas becas por contratos fijos. La proliferación de becarios en muchos organismos responde a la obligación de los gerentes de cumplir la orden política de congelar la oferta pública de empleo y la planilla de salarios, por lo que para seguir manteniendo las tareas encomendadas se han deslizado en la pendiente de la ilegalidad y el encadenamiento de becas.
Con respecto a los investigadores, licenciados, no estudiantes, que realizan su trabajo de investigación en la universidad, centros públicos y la empresa privada, que podrían hacer otras actividades de semejante responsabilidad, y que se les maltrata con el coste de oportunidad de acceder a becas en lugar de contratos laborales, creemos que es hora de normalizarlos y lograr que se considere la investigación como un trabajo normal. No vale escudarse en que se están formando, identificando investigación con formación, porque hay otros colectivos en situación semejante y que cuentan con una tipología de contratos laborales, médicos internos residentes, profesores, etcétera.
En sus últimas acciones legislativas, el PP cometió la doble incongruencia de rechazar unas relaciones laborales para los investigadores, con un Estatuto del Becario lleno de carencias, pero dejando exenta la beca como renta en el IRPF, propiciando, quizá, una fórmula de fichajes extraordinaria a cambio de dejar a todo el conjunto desamparado.
Si lo del PP era una chapuza, lo del PSOE es una discriminación sin sentido y que permitiría el agujero negro de la ingeniería social en el ámbito privado y en las fundaciones sin límite y sin control que cada día pululan más.
Revisar un Estatuto del Becario, aún con cobertura de Seguridad Social, evitando las relaciones contractuales, los derechos y deberes de cualquier trabajador, es mantener la precariedad. Lo coherente es que se transformen las becas en contratos laborales normalizados y que no se acepte como progresista esta figura, porque sería como aceptar los contratos basura, el denominado '2+2'.
Hagamos normal, lo que es normal, y si valoramos que investigar es una actividad y trabajo normal, erradiquemos las becas, persigamos a esos malos empresarios y hagamos simplemente contratos laborales con todas las consecuencias.