La UE estudia un control aún mayor de las pymes del sector químico
La negociación de la nueva normativa europea para el sector químico parece derivar hacia un endurecimiento mayor de lo previsto. La propuesta inicial de la Comisión Europea eximía de las condiciones de verificación más rigurosas a las sustancias cuya producción no superase 10 toneladas por año. Pero varios países quieren extremar también el control por debajo de ese umbral, lo que puede elevar dramáticamente los costes de las pymes del sector.
El ministro español de Industria, José Montilla, se estrenará mañana en la arena comunitaria alertando a sus homólogos europeos sobre el potencial impacto económico del futuro reglamento del sector químico en las pequeñas y medianas empresas del sector.
La intervención de Montilla en el consejo de Ministros de Competitividad de la UE, que se celebra hasta el viernes en Bruselas, coincide, precisamente, con la intención de varios socios comunitarios de exigir a todas las sustancias cubiertas por el reglamento (aquellas cuya producción supera una tonelada anual) algunos de los ensayos más onerosos previstos en la norma. 'Los ministros pondrán en la balanza el coste para las empresas de esos controles más rigurosos y los beneficios para la salud humana en el medio ambiente que se obtendrían', señalan fuentes del Consejo de Ministros. Suecia y Dinamarca, con el apoyo de Alemania, no parecen albergar dudas hacia qué lado debe inclinarse el fiel en esa comparación.
El ministro danés defenderá, en nombre de sus partidarios, el endurecimiento de las normas de autorización para todas las sustancias cuya producción anual oscile entre una y 10 toneladas. Es decir, para casi 20.000 de las 30.000 sustancias que la industria europea deberá registrar en un plazo máximo de 11 años desde la entrada en vigor del reglamento.
'Esa modificación nos puede llevar a costes muy, muy elevados', advierten fuentes diplomáticas españolas. 'Buena parte de la industria española se encuentra en esa banda de producción'.
Las principales afectadas serían las pequeñas y medianas empresas del sector, cuya escasa producción hace muy difícil amortizar los costes de evaluación de cada sustancia. La factura de un dossier de autorización de una sustancia no peligrosa alcanzará, según los cálculos de la Comisión, unos 7.590 euros, aunque otras fuentes la elevan ciertos casos hasta 20.000 euros.
Los matices introducidos en la propuesta original de la Comisión ya aumentaron sustancialmente la repercusión de la nueva normativa (conocida por sus siglas en inglés, Reach) en las sustancias de menor producción. El estudio sobre el impacto económico encargado por la propia Comisión estima que los costes anuales de la evaluación de esas sustancias puede suponer al sector 522 millones de euros, frente a los 227 millones calculados anteriormente.
Cinco datos más
La ampliación de los requisitos puede hacer ya insostenibles esos costes para las empresas de menor dimensión. La propuesta de Bruselas exige, por debajo de las 10 toneladas de producción, 14 datos de información estándar (punto de fusión, de ebullición, densidad, etc.), cuatro de información toxicológica (la relativa a los efectos en la salud humana) y uno de información ecotoxicológica (sobre toxicidad en el agua).
Los partidarios de un mayor control quieren añadir entre tres (Alemania) y cinco nuevos requisitos (Dinamarca), algunos de ellos ligados a pruebas tan costosas como el estudio in vitro de las mutaciones genéticas que puede causar una sustancia en células de mamíferos. Demasiado para una pyme.
Atentos a
El incremento de las exigencias al sector químico puede repercutir por una doble vía en el tejido industrial español. Además de las pequeñas y medianas empresas del sector directamente afectadas, los costes pueden dispararse para sus clientes del sector textil, barnices, etc.
Unos datos valorados en 3.100 millones de euros
Más de 100.000 sustancias químicas existentes en el mercado no han pasado por el laboratorio para comprobar su impacto en la salud o en el medio ambiente. El nuevo reglamento comunitario del sector químico obligará a registrar y, en muchos casos, evaluar, unas 30.000 de esas sustancias. Bruselas calcula que el coste de la evaluación superará los 3.100 millones de euros.El reglamento prevé, como medida para paliar ese impacto económico, que el registro se pueda hacer a partir de información ya disponible. Además, la norma obligará a compartir, previo pago, la información obtenida a partir de ensayos realizados con animales. Reino Unido y Hungría defenderán mañana en el consejo de ministros de Competitividad de la UE que esa obligación se extienda a todos los experimentos, con o sin animales.'En el futuro, Reach siglas en inglés del reglamento dará lugar a un enorme mercado de datos', augura un experto del sector. Alemania (25% de la producción química europea) parte inicialmente con ventaja en ese nuevo comercio, pues dispone de abundante información gracias a un acuerdo voluntario suscrito por las grandes químicas del país. España, en cambio, se perfila como un potencial comprador, dada la escasez de laboratorios y el pequeño tamaño de las empresas del sector.